El Gobierno frena los sondeos petrolíferos

Riesgo para los cetáceos (en especial los delfines listado y mular), las tortugas y las aves marinas. Así lo señala el informe de la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que «desaconseja» los sondeos petrolíferos en el Golfo de Valencia. El estudio recuerda que la zona es un corredor de cetáceos con una rica fauna marina protegida por lo que dicha actividad les «perjudicaría».

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, mostró su «satisfacción» en cuánto a la resolución, ya que va «en la línea de lo que siempre hemos mantenido, de las alegaciones en contra que hemos realizado y de nuestra demanda de que si existe algún riesgo para nuestros ecosistemas y la biodiversidad, como así parece ser, que los sondeos no sean autorizados», señaló ayer Bonig tras darse a conocer el documento.

El informe, que ha sido enviado a la compañía petrolera para que emita sus consideraciones, fue solicitado el pasado 27 de diciembre de 2013 por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de la Comunitat tras las alegaciones y denuncias de organizaciones ecologistas.

Las prospecciones son promovidas por Cairn Energy frente a las costas de Ibiza, Formentera y la Comunitat y se desaconseja su actividad ya que «debido a la enorme superficie y el periodo temporal se considera que la potencial afección negativa sobre la fauna marina es de una magnitud suficiente como para desaconsejar que se desarrolle el proyecto», señala el estudio.

En concreto, el proyecto se localiza en el Golfo de Valencia, a unos 25 kilómetros de las Islas Columbretes, y abarca un área de unos 2.400 kilómetros cuadrados, dentro de la zona propuesta como Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo (ZEPIM), un lugar «único de alta importancia para mamíferos y tortugas marinas (entre ellas la tortuga boba) que están protegidas por la legislación europea, nacional o autonómica, así como por diferentes convenios y acuerdos internacionales», según el informe. Por ello, la alternativa propuesta es: cero o de no actuación.

El documento hace especial hincapié en que, independientemente de la época del año en la que se realicen los sondeos, «siempre recibirán un impacto difícil de minimizar», por lo que «no es compatible con los objetivos establecidos en la legislación de protección de la biodiversidad ni los objetivos de la ley de protección del medio marino y de las estrategias marinas».

Castor

Bonig también hizo mención a las autorizaciones del proyecto Castor (almacén de gas situado en Vinaròs y que lleva parado más de un año), «que no cumplieron los procedimientos y sus instalaciones, por lo que han tenido que ser cerradas al ser un peligro, con el consiguiente coste económico de 1.300 millones de indemnización a Florentino Pérez», resaltó la consellera de Infraestructuras.