Las universidades públicas valencianas no rinden cuentas de la mitad de sus entidades

El Tribunal de Cuentas no dispuso de la información contable de la mitad de las entidades vinculadas o participadas por las universidades públicas valencianas para poder incluirlas en el informe de fiscalización referido al año 2012. Así se desprende del documento que el organismo publicó la semana pasada y que critica especialmente el papel que juega este entramado de empresas, sociedades, fundaciones y consorcios, al llegar a dudar de que contribuya a una mejor gestión de los fondos públicos. De hecho, se plantea la opción de eliminar algunas para evitar duplicidades y de esta forma mejorar la eficiencia.

El informe recuerda que durante las actuaciones fiscalizadoras se pidió a las universidades que dieran cuenta de "las entidades dependientes o aquellas en las que existían vínculos con las mismas", así como de "la aportación al capital fundacional, ayudas entregadas o recibidas y otra información relevante como el control efectuado, cuentas anuales o sometimiento a auditorías".

Sin embargo, en la mayoría de los casos los centros no tenían "un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en sus órganos de Gobierno". Aunque la crítica es general, es aplicable a la Comunitat ya que el volumen de entes que no han podido fiscalizarse por falta de datos (55% del total) coincide con el de ámbito nacional.

El tribunal atribuye a los centros valencianos 47 organismos con alguna vinculación, de los que 38 estaban participados por una única universidad y nueve por más de una (el órgano los contabilizó de las dos maneras). Hay que tener en cuenta que hay entidades en las que figuran varias instituciones académicas, ya sea a nivel autonómico (como sucede con el Consorcio Espacial Valenciano, donde participan la UV y la UPV) o nacional (Universia). Del total, no se aportaron las cuentas de 26 -más de la mitad-, y si sólo se contabilizan las vinculadas a una sola universidad, no se informó correctamente en 18 casos de 38 (47%).

La carencia de datos no se refiere sólo a las cuentas. Muchas veces no se aportó información sobre ingresos y gastos de los entes en el citado ejercicio o no se llegó a indicar el porcentaje de participación. Hasta falta información de aquellos en los que el peso de la universidad era mayoritario.

Es lo que sucedió con la Fundación LAlcúdia de la Universidad de Alicante, que gestiona un espacio arqueológico (74,3% de participación) o con el encargado del Parque Científico (100%). Eso sí, lo habitual es que no hayan datos de los más pequeños, en los que la vinculación es minoritaria. El informe también indica que no se han aportado o realizado informes de auditoría propios sobre todos los organismos vinculados o participados, pues sólo se hizo en diez casos de 47.

La casuística es variada. Según establece la Ley Orgánica de Universidades los centros tienen autonomía para crear fundaciones o sociedades para la consecución de determinados fines y objetivos en lugar de hacerlo directamente si de esta forma se alcanzan mayores niveles de eficiencia o agilidad en la prestación de servicios. En la Comunitat hay entidades que sirven para la gestión de museos y actividades científicas relacionadas, como la que responde del espacio ubicado en la Ermita de Vera (UPV), o para cada uno de los parques científicos, que concentran la labor investigadora.

También destacan servicios como el aprendizaje de idiomas (sucede en la Universitat de València y en la de Alicante), la transferencia tecnológica, la gestión de páginas web de ámbito nacional (portal Universia), las acciones de desarrollo y formación en colaboración con países sudamericanos (Fundación para el desarrollo del Cono Sur), la gestión de clínicas universitarias (Lluís Alcanyís) o para la impartición de títulos propios, los que no tienen la consideración de oficiales (Fundación Universitat-Empresa Adeit). El funcionamiento de los dos laboratorios valencianos relacionados con tecnologías espaciales también se controla de esta forma (Consorcio Espacial Valenciano).

El tribunal critica que este entramado ha servido, en ocasiones, para escapar de mecanismos de control y asevera que también genera duplicidad de competencias, lo que deriva en un mayor gasto público.