Ecologistas denuncian ante Europa la tala de árboles para extraer biomasa

Los montes de la Comunitat Valenciana están en el punto de mira de un conflicto sobre el que pronto deberá decidir Europa. Técnicos y abogados de Acció Ecologista-Agro han elaborado una denuncia contra la Generalitat al entender que está destinando fondos europeos de desarrollo rural para la subvención de una actividad que escausa "más daños que beneficios al ecosistema de los montes valencianos": la tala de árboles para la obtención de biomasa (restos de madera para uso energético).

El lunes prevén presentar un completo informe técnico acompañado de fotografías ante la Secretaría de la Comisión Europea para demostrar, en definitiva, que el uso de los fondos "vulnera la normativa europea sobre protección de recursos naturales".

Sus quejas se basan en el proyecto de la Conselleria de Medio Ambiente para impulsar la extracción de madera del monte valenciano con una doble intención: evitar que se densifique y se convierta en un polvorín ante incendios, a la par que ayudar a las economías rurales generando empleo con esta labor.

Los expertos de la Conselleria de Medio Ambiente calculan que un tercio de los montes valencianos, un equivalente a 364.500 hectáreas, podrían generar riqueza económica. Eso significa vender la madera a empresas que la transforman para conseguir energía térmica y eléctrica. Y también el mejor aprovechamiento de los terrenos forestales para caza, uso turístico, pastoreo, frutos silvestres...

Pero en opinión de los autores de la denuncia esa tala de madera no se está realizando "con el debido cuidado y respeto al medio ambiente", como considera Carles Arnal, portavoz y experto de la asociación. Los fondos, que proceden en un 50% de Europa y en un 45% del Ministerio de Medio Ambiente, "tienen la buena intención de mejorar el entorno rural, pero el uso que se les está dando en la extracción de madera para biomasa es, más bien, destructivo, y de ahí la necesidad de denunciar".

Extración masiva y erosión

Consideran, en primer lugar, que la tala de árboles se está llevando a cabo "en cientos de puntos de la Comunitat de una manera masiva y descontrolada, cuando tendría que ser mucho más selectiva y vigilada por la Administración". Opinan, además, que la necesidad de reducir la masa forestal como solución ante incendios forestales "es una teoría muy cuestionable" y que, por el momento, "no está dando ningún resultado".

También se quejan de que la entrada de maquinaria en el monte para sacar la madera cortada "destruye y erosiona el terreno". Y su informe cita daños en entornos como Castalla, Ayora, Andilla, Alcublas o Bicorp. Y añaden que las ayudas, "lejos de beneficiar y dar trabajo a vecinos de los pueblos o pequeños propietarios forestales, se están repartiendo únicamente ente siete empresas madereras".

A favor de la Generalitat está la voz de expertos convencidos de que sobra madera en el monte y dejarlo crecer a su suerte es "el verdadero peligro" ante incendios. La propia consellera Isabel Bonig ya aclaró la postura de Medio Ambiente: "Aprovechar el monte no significa desmantelarlo. La Generalitat aprueba los planes de ordenación, pide requisitos a los explotadores y todo pasa por el filtro de los técnicos".

Pero esta vigilancia administrativa es la que, según los ecologistas, no se produce. Arnal admite "cierto aprovechamiento de madera pero selectivo y en zonas próximas a terrenos de cultivo, que es donde realmente se originan los fuegos". Eso y que los fondos de desarrollo rural "tengan un mejor destino que beneficiar a unas pocas empresas".