El Gobierno no retirará los recursos contra el derecho civil valenciano

El ministro de Justicia arrojó ayer un jarro de agua fría a los defensores del derecho civil foral valenciano. Durante su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, Rafael Catalá no dejó margen a la duda. El Gobierno no retirará los recursos ante el Tribunal Constitucional sobre las leyes que regulan el régimen económico de los matrimonios, la custodia de los hijos en caso de separación y las parejas de hecho y su estatus legal. Para el ministro se trataría de una «irresponsabilidad» desistir cuando se tienen «todos los informes jurídicos y de la Abogacía del Estado». En opinión de Catalá, supondría que el Gobierno dejara de defender sus competencias, el interés general.

La primera ley afectada es la de Régimen Económico Matrimonial Valenciano aprobada en 2007 y recurrida por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Se espera que la sentencia del Constitucional se conozca en los próximos días.

Tampoco se retirará el recurso interpuesto también por el Ejecutivo de Zapatero contra la ley de 2011 sobre la custodia compartida ni el presentado ya bajo la presidencia de Rajoy, contra la ley de 2012 sobre las uniones de hecho. Estas dos todavía no han sido abordadas por el Constitucional por lo que el Ejecutivo aún puede retirar los recursos.

En cualquier caso el ministro quiso recalcar que «no hay ninguna objeción por parte del Gobierno sobre el fondo de la cuestión, sino que es un problema de competencias». Para Catalá, «las discrepancias se han de dilucidar debatiendo», al tiempo que ha reconocido que no es un experto en derecho valenciano.

«El Constitucional está estudiando los recursos que se plantearon, y cuando tengamos la sentencia tendremos doctrina que nos permita seguir trabajando. No creo que la sentencia cierre la cuestión, sino que establecerá límites sobre los que seguir trabajando», recalcó y concluyó afirmando que «no creo tampoco que nadie se oponga a que tengamos doctrina constitucional al respecto».

El ministro hizo así caso omiso a la movilización social y política para que el Gobierno frene los recursos. En defensa del derecho civil valenciano se han pronunciado 62 municipios, partidos y el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, envió a Mariano Rajoy con la misma petición.

José Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians (AJV), entidad impulsora de la campaña, aseguró no entender al ministro y señaló que el Gobierno ha retirado recursos de inconstitucionalidad tanto en Cataluña como en Andalucía «por lo que estamos en una situación más de agravio». «En el caso de Cataluña se le deja algunas leyes civiles ¿y no a los valencianos?», indicó.

Además, Chirivella recordó el alto número de valencianos (más de 300.000) que van a sufrir las consecuencia de la anulación e indicó que la AJV va a a promover una reforma de la Constitución para permitir que la Comunitat pueda tener un derecho civil propio.

En esta línea, el Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos contra tres leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña y las que suspendió cautelarmente: la que impone un impuesto sobre las viviendas vacías, la ley de igualdad entre hombres y mujeres y de la que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña.

El ministro también se refirió en su intervención a la corrupción. Defendió que el Gobierno de Rajoy es el que más ha hecho contra ella y destacó que «el problema no son tanto los corruptos, sino el sistema que los permite», por lo que ha abogado por reformar el marco legislativo para «achicar los espacios de impunidad».

Rosell y Otegi

Rafael Catalá afirmó, por otro lado, que le parece «inimaginable» que el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, pueda ser candidato en las próximas elecciones vascas, y confió en que la pena de inhabilitación a la que fue condenado sea plenamente vigente.

En cuanto a la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, investigada por el Tribunal Supremo por varios posibles delitos, Catalá puso en duda si la renuncia de Rosell al fuero que le concedería la Diputación Permanente se haya empleado «para dilatar los tiempos», dado que la causa deberá regresar a Canarias y, a juicio del ministro, probablemente pueda ser «proclamada candidata sin que exista una calificación jurídica».