Desmantelan una residencia ilegal de ancianos que cobraba hasta 3.000 euros al mes en Santa Pola

Un matrimonio británico y su hija han sido detenidos por, supuestamente, usar su vivienda en Santa Pola (Alicante) como residencia ilegal de ancianos, a los que cobraban entre 2.500 y 3.000 euros mensuales y a los que pedían las escrituras de sus propiedades para que se las dejaran en herencia.

Según la Guardia Civil, los arrestados tienen 59 (el padre y la madre) y 25 años, y era ésta última la que, a través de su puesto de trabajo en una farmacia, captaba a mayores de nacionalidad británica y que sólo hablaban inglés.

La investigación se inició a raíz de la declaración de testigos en torno al uso de un chalet como residencia clandestina de ancianos, lo cual quedó comprobado tras varias semanas de vigilancia.

Captación en las farmacias

La hija del matrimonio trabaja en una farmacia cercana a la localidad y era la encargada de captar a personas de avanzada edad, de nacionalidad inglesa, residentes en la localidad, con poca o ninguna familia cercana y que hablaban únicamente inglés.

Les convencían para ingresar en la supuesta residencia a cambio de una cuota mensual que rondaba los 2.500 y 3.000 euros por persona.

Una vez en la residencia, que podría llevar en funcionamiento unos tres años, les solicitaban documentación y escrituras de sus propiedades, que guardaban en una caja fuerte, con el fin de intentar persuadirles para que, cuando fallecieran, les dejaran en herencia las propiedades.

Les quitaban hasta el móvil

Según la Guardia Civil, los ancianos recibían un trato dignoaunque alguno de los mayores ha declarado que en alguna ocasión recibían voces y gritos.

Cuando alguno de ellos recibía alguna visita, los detenidos estaban constantemente vigilando para que no se pudiera filtrar lo que estaba sucediendo.

El control de la información por parte de los arrestados era tan intenso que no dejaban a los ancianos disponer de sus teléfonos móviles, que eran retirados al entrar en la residencia, y eran vigilados en todo momento a través de cámaras de seguridad distribuidas por toda la vivienda.

Finalmente, uno de los ancianos, tras mucho insistir y con la ayuda de su familia, consiguió salir de la casa, y corroborar a los agentes lo que allí sucedía.

Así eran las instalaciones

Las instalaciones constaban de cinco habitaciones que casi siempre estaban ocupadas, y en cada estancia había camas articuladas y algunos accesorios para facilitar la vida diaria de los ancianos.

En cambio, el recinto carecía de las medidas de seguridad básicas exigidas para un centro de estas características.

Las personas contratadas por la familia para cuidar a los ancianos no estaban cualificadas ni se contaba con ningún facultativo, algo necesario para el bienestar de los residentes, aunque sí colaboraban con los dueños para evitar revelar ningún dato que pudiera llevar a las autoridades a conocer lo que allí sucedía.

A los tres detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.