La UE pide que la Comunitat adecúe cultivos y turismo al agua que tenga

La Comunitat Valenciana tendrá que frenar el ritmo de crecimiento económico y adecuarlo a los recursos hídricos de que dispone. Esta es una de las conclusiones del demoledor informe presentado por los europarlamentarios que visitaron en febrero el río Tajo invitados por colectivos antitrasvases.

Está previsto que la comisión de Peticiones de la Eurocámara debata hoy el documento, que no tiene carácter vinculante, elaborado tras la visita de la delegación europea al Tajo y Ebro.

Hay que tener en cuenta que los europarlamentarios estuvieron acompañados por Sergio Gutiérrez, también miembro de la Eurocámara por el PSOE de Castilla-La Mancha, que está elevando cada vez más la presión para eliminar el trasvase Tajo-Segura.

De hecho, el dictamen de los parlamentarios europarlamentario viene a utilizar muchos de los argumentos que está empleando el gobierno castellano-manchego para pedir la supresión del trasvase al Segura.

El informe considera que España debe cambiar totalmente el modelo de gestión de los recursos hídricos para «dar prioridad a los requisitos medioambientales frente a los socioeconómicos».

Y en lo que se refiere a la Comunitat es todavía más claro: «Es necesario poner en marcha una nueva política territorial menos dependiente del agua que no genere falsas expectativas y proponga nuevos usos de la tierra no tan dependientes del agua, cuando la zona ya ha alcanzado el límite que le permiten sus recursos».

En esta línea, el documento de los europarlamentarios recuerda que la agricultura apenas ocupa al 6% de la población española dando a entender que derivar agua a estos usos no es tan importante para la economía del país.

Pero su diatriba no se limita a pedir la reducción de los regadíos: «(...) Las zonas turísticas no deberían permitir el consumo excesivo del agua ni basar su desarrollo en desproporcionadas e insostenibles actividades de recreo, especialmente en las zonas donde el agua es un recurso escaso».

En otras palabras, la Comunitat tendrá que poner freno al sector que está siendo el motor de salida de la crisis, pese a que en otras partes de España se permite que el agua se vierta en el mar.

Porque, obviamente, según el documento, los trasvases tienen fecha de caducidad. En el informe se recoge, en este sentido, que la transferencia al Segura «ha permitido una constante expansión de cultivos de regadío y del turismo». Pero recalca que estas infraestructuras permiten el crecimiento pero también generan nuevas necesidades, atraen a más población y favorece la sobreexplotación de los recursos.

Ante ello, el documento recoge que, «aunque históricamente el trasvase ha sido considerado como una solución estructural (no temporal) para suplir los problemas de agua del sureste español, las actuales circunstancias deberían hacer que se buscaran soluciones más acordes con este momento». En otras palabras, se pretende empezar a labrar el epitafio del trasvase del Tajo al Segura.

En este sentido, las soluciones que proponen se basan, como también sostiene el ejecutivo manchego, en incrementar la desalación. «Las políticas del agua en el sureste español deben encaminarse hacia la sostenibilidad. Es importante construir y poner en marcha plantas de desalinización para cubrir las necesidades del consumo humano y de la agricultura de regadío, pero con la sostenibilidad como límite».

Es más, el dictamen cita sólo las argumentaciones contrarias al trasvase del Tajo de Ecologistas en Acción y el ejecutivo manchego. No se ha escuchado a los usuarios del trasvase ni tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de la Generalitat.

Además, pone de relieve el porcentaje de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía sin tener en cuenta su capacidad total, que es superior a la del Segura. También recurre al argumento utilizado por el gobierno de Castilla-La Mancha de posible problemas de abastecimiento en la cabecera del Tajo.