El Consell espera desde enero el desbloqueo de la situación

La directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, remitió una carta a principios de año al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el objetivo de desbloquear la situación tras las elecciones generales celebradas en diciembre. En ella, instaba al Gobierno central (ya en funciones) a iniciar un grupo de trabajo con las diferentes comunidades autónomas que permitiese el desarrollo de criterios comunes para la aplicación de la nueva ley de protección a la infancia y a la adolescencia.

En ese momento, todavía sin conocer que se iban a celebrar unas segundas elecciones y que la interinidad del Ejecutivo se extendería en el tiempo, Martínez recordaba que la disposición adicional tercera de esta ley establece que será el Gobierno el encargado de promover, junto con las comunidades autónomas, los criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta norma en todo el territorio español. La directora general ya señalaba en ese momento que era «de especial relevancia» establecer procesos de trabajo conjunto entre todas las comunidades, «para analizar y compartir criterios que puedan servir de pautas y referencias para los trabajos a desarrollar» en cada autonomía, ya que de lo contrario se pueden encontrar con que cada territorio desarrolle su propio marco normativo de forma independiente. Martínez recordaba que se habían cumplido ya seis meses de la aprobación de la norma estatal (ahora se supera ya el año), por lo que consideraba necesario «la creación urgente de una mesa de trabajo conjunta».