Sanidad tiene pendientes de cobro 303 millones por atender a pacientes foráneos

La Comunitat se encuentra, en la actualidad, a la cola en gasto sanitario por habitante, con una inversión de poco más de 1.100 euros por cada valenciano al año, lo que representa 130 menos que la media nacional. Ello supone que la región es la tercera de España que menos gasta en Sanidad, y eso a pesar de que la cifra ha crecido este año un 7,5%. Sin embargo, se sitúa como una de las autonomías que más visitantes recibe cada ejercicio, sobre todo en la época estival, con cerca de cinco millones de turistas nacionales sólo durante los meses de julio y agosto, situación que supone un trabajo añadido para los servicios sanitarios valencianos. Y para colmo, el cobro de esa atención que hospitales y centros de salud de la Comunitat prestan a residentes en otras autonomías todavía continúa pendiente.

Así lo denunciaba ayer el president Ximo Puig, tras mantener una reunión con la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y su homólogo de Hacienda, Vicent Soler. El mandatario advirtió que la Comunitat todavía tiene pendientes de cobro 303 millones del Fondo de Garantía Asistencial para desplazados, es decir, para vecinos de otras autonomías españolas; importe que, de momento, no ha sido satisfecho por el Gobierno estatal, administración que debe hacer frente a estos gastos. A ello se suman otros 27 millones de euros que también están pendientes de pago y que se refiere a los gastos del tratamiento de la hepatitis C con los nuevos fármacos de última generación aprobados para su dispensación. Ante esta situación, no es de extrañar que el Gobierno autonómico tenga entre sus máximas mejorar la equidad y la eficiencia de este ámbito para, tal y como indican desde la Generalitat, «garantizar la mejor asistencia sanitaria con el menor coste posible».

Para conseguir este objetivo, Puig anunció ayer algunas de las líneas maestras que la Generalitat va a seguir el próximo año. Entre ellas, destacó que el nuevo plan incluirá iniciativas en el ámbito del gasto farmacéutico, donde, entre otras cuestiones, se hará una compra generalizada para todos los fármacos en el ámbito hospitalario. Asimismo, el president insistió en la idea de que la Administración recupere servicios que «se habían privatizado, como las resonancias o la hemodiálisis. Puig destacó que, en el caso de las resonancias magnéticas, se prevé un ahorro de 17 millones de euros, mientras que para el servicio de hemodiálisis se calcula un ahorro de 10 millones de euros. Por último, el mandatario destacó el objetivo de reducir las listas de espera de, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas o atención especializada. Al respecto, indicó que «lo importante es que se haga posible la autocartera y disminuir el plan de choque privatizado porque esto es más rentable y aporta una mejor calidad asistencial».

En esta línea se encuentra también la situación de Marina Salud. En concreto, equipos mixtos de las consellerias de Hacienda y de Sanidad están trabajando en la posibilidad de adquirir la mayoría accionarial de Marina Salud, encargada de la gestión del hospital de Dénia, en manos de DKV. Así lo indicó, por su parte, el conseller Vicent Soler. «Estamos trabajando con rigor para hacer la valoración que preserve la calidad de los servicios y a la vez tenga en cuenta los intereses del contribuyente valenciano», aseguró.

Por su parte, Carmen Montón se refirió al recorte salarial que Marina Salud ha aplicado a los trabajadores, y destacó que fue una decisión que tomó la concesión «unilateralmente sin conversación alguna previa con la conselleria». Por ello, afirmó que la Generalitat no comparte esa decisión y ha tratado de apoyar a los trabajadores, aunque precisó que, «afortunadamente», el recorte no ha sido de «las magnitudes que se planteaban al principio», lo que les hace estar «más tranquilos».

Montón insistió en que la Administración autonómica va a velar por que haya «una calidad asistencial en toda la Comunitat» y por los derechos de los trabajadores, incluidos los de las concesiones, donde la Generalitat no tienen competencia, pero «siempre tendrá una capacidad de incidencia política».

Por último, la consellera se refirió también a la auditoría que desvela que el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón realizó más de 120 contrataciones temporales sin la preceptiva autorización previa de la conselleria competente en materia de hacienda, y sin la respectiva convocatoria pública.

Montón se mostró tajante e indicó que se acabó el «chiringuito» de nadie en el hospital porque la sanidad «no es el negocio de nadie ni para nadie». «En el hospital lo que hemos venido haciendo es poner la casa en orden», añadió. La consellera, además, aprovechó para recordar que llevó ante la Fiscalía más de 25 millones de euros que se habían gastado en este consorcio «bajo el amparo» de los anteriores consellers del PP y del anterior y actual presidentes de la Diputación, Carlos Fabra y Javier Moliner, «25 millones no sujetos a contrato alguno».