El convenio ante desahucios, en jaque por la falta de pisos

El actual nivel de saturación de las viviendas sociales de la Generalitat hace prácticamente imposible que el Consell cumpla su parte de compromiso en el reciente convenio de colaboración ante casos de desahucio firmado hace sólo unas semanas. El acuerdo se formalizó a dos bandas, entre Poder Judicial y gobierno autonómico, con el propósito de buscar soluciones a los casos más graves y evitar que familias afectadas se queden en la calle. Fue rubricado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesemes.

En el punto cuarto del convenio, titulado «compromisos de la Generalitat», el Consell se obliga, a través de las consellerias de Vivienda e Igualdad, a «dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las situaciones de especial vulnerabilidad puestas de manifiesto por los órganos jurisdiccionales».

El acuerdo, además, pide que si en los casos de desahucio comunicados por los juzgados se cumplen «los requisitos exigidos», se incluya a los afectados «en los programas de realojo gestionados por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) de la Conselleria de Vivienda». Esos requisitos hacen referencia a ingresos salariales, renta familiar o número de hijos, entre otros factores.

Pero la pregunta cae por su propio peso: ¿Cómo espera la Generalitat cumplir esos compromisos de proporcionar techos de urgencia con un parque de viviendas sociales en el que ya no cabe un alfiler y con una lista de espera de 9.000 personas? La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) exige tener representación en la comisión de seguimiento del convenio.