Igualdad obligará a cuidadores de dependientes que no sean familia a tener un contrato

valencia. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas va a actualizar la figura del cuidador no profesional de dependientes, tanto que hasta ha cambiado el nombre. A partir de ahora, según el nuevo decreto que va a aprobar el Consell, esta modalidad de atención a la dependencia se divide en dos grupos: cuidadores familiares y no familiares.

Los primeros deberán tener parentesco con el dependiente que cuidan hasta cuarto grado o simplemente ser personas allegadas, aunque su idoneidad deberán demostrarla con un informe de los servicios sociales. Podrán compatibilizar estas tareas de cuidador con otro trabajo y hasta se les permitirá atender a dos dependientes a la vez. Sin embargo, la gran novedad radica en el segundo grupo, los cuidadores no familiares. Deberán contar con experiencia en el cuidado de dependientes y formación específica o, en todo caso, «comprometerse a obtenerla», según anunció ayer la consellera Mónica Oltra, por ejemplo a través de cursos en los servicios sociales municipales. Además, será imprescindible que estén contratados por el dependiente.

Sin embargo, para financiar estas figuras de cuidadores, los importes mensuales de la ayuda seguirán oscilando entre los 153 y los 442,59 euros al mes, en función del grado y el nivel de dependencia de la persona a la que se asiste, por lo que en el segundo grupo (cuidador no familiar) el dependiente deberá hacer frente al resto de importe hasta completar el salario del cuidador. Para la Generalitat, por contra, es la opción más barata, ya que cualquier otro servicio (ayuda a domicilio, centros, teleasistencia, etc.) supone para la Administración autonómica una inversión mensual de entre 300 y 833,96 euros por usuario.

Por su parte, José María Toro, director general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), calificó de «grandísimo error» y de «contrario a la ley», esta apuesta por el cuidador no profesional «y la reducción de los requisitos que se exige a las personas que ejercen ese cuidado». «La normativa básica estatal dice que es un recurso excepcional y en nuestra comunidad se generaliza. En lo que va de año casi el 80% de los expedientes resueltos han sido de este tipo. Creemos que los servicios deben ser prestados por profesionales, ya que garantizan un mayor nivel de calidad, cuentan con una mayor supervisión, con mejores condiciones laborales y mayor cobertura social y no se derivan hacia la economía sumergida ni a trabajos precarios, como pasa en muchas ocasiones con las ayudas a no profesionales», resumió. Además, insistió, «con este sistema se pone en peligro las necesidades de inversión en la Comunitat para la creación de las plazas residenciales y de servicios profesionales en el corto y medio plazo y que no podrán ser cubiertas con recursos públicos».

Sin embargo, Oltra resaltó, por un lado, que la creciente cantidad de cuidadores no profesionales en la Comunitat responde a las preferencias de los dependientes, que suelen elegir esa opción para mantenerse en su entorno familiar. Por otro, precisamente frenar esa economía sumergida es lo que ha llevado al Consell a establecer la obligatoriedad de contar con un contrato de trabajo.

Por otra parte, el nuevo decreto regulará por ley que, en cuatro meses máximo como máximo, el dependiente debe contar con la evaluación del grado y, en dos meses más, con el Programa Individual de Atención. De no ser así, los afectados podrán recurrir a los tribunales.

Por último, Oltra informó que, en la actualidad, hay 31.524 dependientes valencianos en lista de espera para recibir una prestación.