El plan contra inundaciones, en punto muerto

Las intensas precipitaciones registradas a principios de semana, que dejaron en Valencia tanta lluvia como la contabilizada entre enero y octubre, volvieron a provocar, una vez más, inundaciones en la Comunitat, especialmente en la capital del Turia y su área metropolitana. De nuevo, los servicios de Emergencias se vieron obligados a realizar infinidad de atenciones, centradas especialmente en el rescate de personas, mientras que buena parte de las calles y campos de cultivo valencianos se anegaron por la tromba de agua. Una treintena de accidentes de tráfico y serias pérdidas agrarias han sido las principales consecuencias. Esta situación, que se repite en cada temporal, vuelve a poner el foco en los planes contra inundaciones que manejan tanto el Gobierno central como la Generalitat y los ayuntamientos valencianos; actuaciones que en buena parte de los casos siguen pendientes, algunas, desde hace al menos trece años. La crisis económica y el recorte en inversiones, el largo periodo en el que el Ejecutivo nacional ha estado 'en funciones', y el cambio de enfoque para abordar el problema de las avenidas de agua propuesto por los actuales dirigentes autonómicos mantiene prácticamente en punto muerto la ejecución del grueso de las infraestructuras previstas y la mayor parte de los planes de emergencia municipales.

Por una parte, hace algo más de un año, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio presentaba una actualización del denominado Plan de Acción Territorial de Prevención de Riesgos de Inundaciones en la Comunitat (Patricova), un documento que venía a actualizar el plan aprobado en 2003 que, entre otras cuestiones, preveía 151 actuaciones valoradas en unos 800 millones de euros. Encauzamientos de ríos y barrancos, nuevos puentes, mejoras en las redes de drenaje y construcción de diques son algunos de los proyectos más relevantes del plan. En ese momento (doce años después), únicamente se habían ejecutado totalmente el 30% de las obras previstas y otro 17% de las iniciativas funcionaba de forma parcial (en total, 69 actuaciones). De las 82 obras restantes, cinco estaban en fase de ejecución, siete licitadas, 14 con el proyecto redactado, cinco más en fase de redacción y otras tres únicamente contaban con el anteproyecto redactado.

Sin embargo, más del 70% de las intervenciones pendientes y el 40% del total (en concreto, 58) probablemente nunca vean la luz, al menos, como se proyectaron en un primer momento. El Patricova actualizado hace un año ya apuntaba que se estaban estudiando alternativas para estas actuaciones, algunas de ellas marcadas con una prioridad alta por el propio plan. En concreto, y entre las más urgentes, en la provincia de Alicante han quedado en el aire infraestructuras de la envergadura del encauzamiento del barranco del Altet, en Dénia, de la desembocadura del río Gorgos, en Xábia, o del tramo final del río Vinalopó, en Elche. En Valencia, entre otras iniciativas, se barajan alternativas a los encauzamientos integrales de los barrancos de Beniparrell y Silla que, además de a estas localidades, también afectan a las poblaciones de Albal, Alcàsser y Picassent, o a los accesos a la central nuclear de Cofrentes. Todas estas actuaciones, sin embargo, cuentan con la máxima prioridad, según el plan. Además de estos 'estudios de alternativas', otras tres obras han quedado directamente en el limbo: el plan integral del río Segura, el drenaje de la línea de ferrocarril Alcázar-Alicante, a la altura de Agost, y un interceptor en la Font de la Figuera.

El nuevo Patricova, además, ampliaba a unas 200 las áreas de riesgo por inundación, al incluir pequeños barrancos que, en el caso de lluvias intensas, generan efímeros cauces de ríos. Estos entornos de riesgo abarcan una extensión cercana a las 120.000 hectáreas y amenazan a cientos de núcleos urbanos en los que residen unas 600.000 personas, prácticamente el 12% de la población de la Comunitat. También establece unas directrices para que los municipios afectados sepan hacia dónde dirigir sus crecimientos urbanos, evitando zonas inundables.

Sin embargo, y pese a los graves problemas que originan las lluvias intensas en la Comunitat, desde la Conselleria de Obras Públicas subrayaron que el Patricova supone «un catálogo de actuaciones indicativas, que no son vinculantes». Al respecto, quisieron dejar claro que «en los planes de gestión de las inundaciones estatales, con carácter general, las competencias de la actuaciones infraestructurales son del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ya que son obras de carácter ambiental y declaradas de interés general». De hecho, añadieron, «en el Plan de Júcar aparecen las actuaciones que el ministerio pretende desarrollar en la cuenca respecto del tema de las inundaciones». No obstante, aclararon desde la conselleria, en este marco la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos pueden realizar actuaciones de menor escala. En concreto, el Consell es competente para ejecutar los encauzamientos urbanos de pequeños cauces; actuaciones que, según fuentes del Partido Popular autonómico, «ni se han desarrollado durante este año, ni hay ninguna presupuestada para 2017».

Por otra parte, y como alternativa a todas estas grandes obras pendientes, desde el Consell ya dejaron claro que se apostaría por otro tipo de soluciones, como las denominadas infraestructuras verdes. Se trata de zonas cubiertas de vegetación que, acompañadas por pavimentos permeables, favorecen los sistemas de drenaje y mejoran la capacidad de los tejidos urbanos para absorber parte de las escorrentías. Pero tampoco hay noticias de que bien a nivel municipal o a través de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente se hayan impulsado actuaciones de este tipo.

Por otra parte, y en paralelo al Patricova, un decreto autonómico de 2010 revisaba y actualizada el denominado Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat, documento que ponía en foco sobre 136 municipios valencianos que presentaban riesgo alto o medio de sufrir problemas ante avenidas de agua (ver gráfico). La orden de la Generalitat obligaba a los ayuntamientos de estas localidades a elaborar sus respectivos planes de actuación municipal, centrados en conseguir la «máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente» ante una tromba de agua. En concreto, estos planes pormenorizan los procedimientos de actuación ante una emergencia de este tipo y, si fuese necesario, las vías de evacuación y avituallamiento, entre otras cuestiones. Sin embargo, seis años después, apenas una veintena de localidades cuenta ya con su plan especial, por lo que más de un centenar de estos municipios de alto o medio riesgo carece todavía de esta herramienta para paliar los efectos de las inundaciones.

Por último, a nivel estatal la ingeniería civil también sigue en 'stand by'. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) recordaron que, finalmente, el pasado mes de enero se aprobó el denominado Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de esta demarcación, un documento que establece una batería de actuaciones a llevar a cabo en la cuenca (que prácticamente abarca toda la Comunitat) y que, a grandes rasgos, se dividen en un bloque de medidas 'verdes' (de restauración fluvial, de mejora del drenaje de carreteras y líneas de tren, de predicción de avenidas y de protección civil, entre otras) y en otro de actuaciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, motas, diques y otras obras para reducir las inundaciones). Las primeras tienen un plazo de ejecución de entre uno y seis años (algunas deberían estar ya listas el próximo mes), mientras que las segundas, las que hacen referencia a obras de verdadera envergadura, están en el aire. Al respecto, desde la CHJ explicaron que antes de ejecutar las actuaciones de este segundo bloque es necesario elaborar una serie de estudios coste-beneficio que indiquen si la puesta en marcha de estas costosas obras está justificada. Sin embargo, la confección de estos informes ni siquiera ha arrancado todavía, puesto que el Gobierno central tiene que preparar unas guías que expliquen cómo hacer este tipo de análisis y que así sea homogéneo en todas las cuencas. Mientras tanto, todas estas actuaciones siguen sin ejecutarse y sin que, ni siquiera, se sepa si finalmente se pondrán en marcha.