Familias de enfermos mentales critican la falta de pisos sociales

valencia. «Se ha quedado en el tintero» una política «ambiciosa» de viviendas tuteladas y pisos de alquiler social para lograr la autonomía de los enfermos mentales. Así se manifestaba ayer el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la Comunitat, Alfonso Rodríguez, tras el acto en el que el Consell escenificó el denominado Pacto por la Salud Mental, un acuerdo por el cual el Gobierno autonómico se compromete a «trabajar por una atención integral, social y sanitaria» de las personas con este tipo de enfermedad.

Rodríguez, tras la firma del acuerdo adoptado por el presidente Ximo Puig, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y su homóloga de Sanidad, Carmen Montón, reclamó menos residencias en las que se recluya a los enfermos y más viviendas, que deben comenzar con pisos tutelados en los que se enseñe a los enfermos a llevar una vida independiente durante un par de años y que se complementen luego con una red de inmuebles con precios sociales.

Este portavoz del colectivo puso un ejemplo de la carencia de viviendas. En Alicante y su comarca para una población de 500.000 habitantes sólo hay dos viviendas tuteladas, gestionadas por su asociación, y luego no hay viviendas de alquiler. «Es darles un caramelo en la boca para luego quitárselo», lamentó.

Asimismo, Rodríguez añadió que, además de una «atención sanitaria completa», los enfermos requieren cubrir otras necesidades como el derecho al trabajo para poder acometer «un proyecto vital digno», lo que requiere de una formación específica previa.

Por su parte, Puig se comprometió a «impulsar acciones para mejorar su grado de bienestar, con acciones preventivas, mejorando la autoayuda y con un soporte integral social y sanitario» a estos enfermos. En esta línea, Oltra explicó que se van a «potenciar programas y acciones destinadas a todas las etapas vitales, infancia, adolescencia y personas mayores» de estos enfermos, que en la Comunitat ascienden a 1,3 millones. También se promoverán actuaciones integrales encaminadas a la inclusión laboral de personas con trastorno mental grave en todas las políticas públicas de fomento de la ocupación, así como al desarrollo de programas para estos enfermos que estén además dentro de colectivos de especial vulnerabilidad.