El PP pide la dimisión del número tres de Sanidad y el Consell avala sus actividades

valencia. El culebrón suscitado por la errónea declaración de bienes presentada por el subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, ante la Conselleria de Transparencia, después corregida, y por el alquiler de un local de su propiedad a una clínica que pertenece al mismo grupo que otra que presta servicios a la Generalitat tuvo ayer un nuevo episodio. El PP autonómico pidió su dimisión y amenazó con acudir a los tribunales, mientras que la conselleria avaló sus actividades con un informe del servicio de régimen jurídico de personal.

Al respecto, el coordinador de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, insistió en que llevarán a los tribunales al número de tres de la Conselleria de Sanidad «si, recopilada toda la información, hay el menor indicio de delito sobre su actuación pero también están las responsabilidades políticas que hay que afrontar y por las que debe dimitir».

El portavoz popular recordó que «desde hace unos meses la consellera de Sanidad, Carmen Montón, se ha convertido en el iceberg del barco del Titanic de este gobierno que se hunde y hace aguas por todos los lados». En esta línea, destacó que «la número dos de su conselleria tuvo que dimitir por un caso de enchufismo, también el comisionado en Alzira, y ahora el subsecretario, su número tres, primero oculta información y luego miente claramente cuando intenta explicar lo que ha pasado ocultando información».

Por su parte, la presidenta del PP autonómico, Isabel Bonig, instó al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, a «actuar» por a la situación generada por Campos. A su juicio, lo ocurrido «es presunta corrupción».

Frente a ello, un informe del servicio de régimen jurídico de personal de la Conselleria de Sanidad ha avalado la capacidad del subsecretario para administrar su patrimonio personal y alquilar una consulta médica.

Según consta en ese informe, facilitado por Sanidad, el subsecretario alquiló su clínica antes de la publicación de la Ley 8/2016 que regula incompatibilidades y que cesó en cualquier actividad asistencial al tomar posesión del cargo.

El documento apunta, además, que su actividad «no consiste en una actividad profesional como tal, sino en un mero alquiler de local» a una entidad que «al desarrollar su labor en colaboración con la Seguridad Social, cabría esperar la abstención del interesado en las decisiones que afecten a la citada entidad».