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J. BATISTA
Domingo, 26 de febrero 2017, 00:29
La Universitat de València afrontará a partir de marzo varios juicios planteados por interinos administrativos que perdieron su puesto tras las oposiciones de 2015. La peculiaridad radica en que serán los primeros del ámbito educativo en los que se plantea el derecho a recibir una indemnización por los servicios prestados, aprovechando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que abre la puerta a este reconocimiento para el personal funcionario temporal. Y todo apunta a que no serán los únicos, pues sindicatos como UGT PV y CC. OO. PV han desarrollado campañas para informar al colectivo docente y facilitar la presentación de reclamaciones. Sólo desde el segundo han impulsado ya medio centenar de recursos administrativos, antesala a la vía judicial.
«La Universitat ha pervertido la disposición del Estatuto Básico que obliga a velar por la consolidación del funcionariado. En lugar de recurrir a situaciones de extrema necesidad, los interinos hemos sido utilizados como parches, con contratos encadenados durante años y sin convocatoria de oposiciones para estabilizarnos con cierta periodicidad, en lugar de esperar casi diez años. Y encima, en cualquier momento te encuentras en la calle», denuncia uno de los administrativos que ha optado por recurrir a los tribunales.
También recuerda que la mayoría ha solicitado en la demanda el reingreso y el cobro de la indemnización, que se desprende del fallo del tribunal europeo de septiembre de 2016 a raíz de una cuestión prejudicial trasladada por el TJS de Madrid. En síntesis, se pedía una aclaración sobre la aplicación de una directiva que prohíbe un trato diferenciado para un trabajador temporal que desarrolle la misma labor que otro fijo para el caso de una empleada interina del Ministerio de Defensa que denunció su cese. El órgano de la UE consideró que la mujer tenía derecho a la indemnización.
Otra de las afectadas de la Universitat asegura que encadenó contratos laborales con nombramientos de interina: «He estado 28 años, he pasado por casi todas las facultades. Me cesaron sin nada y me veo en una situación precaria, teniendo que pedir ayuda social». Los dos casos citados resultaron afectados por un cambio en la norma que regula las bolsas de trabajo, que establecía que había que aprobar todas las fases de la siguiente oposición convocada para que computara la antigüedad. Es decir, los que no lo consiguieron perdieron la opciones de ocupar vacantes independientemente de sus servicios prestados. El Stepv fue el único sindicato que rechazó el cambio, que supuso el cese de unos 300 temporales.
Para la Universitat, la situación de estos extrabajadores es diferente al caso de Defensa. Fuentes de la gerencia argumentaron que la vía laboral no es la adecuada y que la mayoría de los demandantes (una decena) eran interinos nombrados y no personal laboral contratado, por lo que consideran que no les corresponde la indemnización.
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