Ribera Salud recurrirá a los tribunales el rescate de la concesión del hospital

La Conselleria de Sanidad ya tiene toda la maquinaria a punto para recuperar la concesión del hospital de Alzira que, en la actualidad, regenta Ribera Salud. El departamento de Carmen Montón ya ha comunicado a los gestores del centro sanitario que, a partir del próximo sábado y durante los doce meses siguientes, cada decisión que adopten deberá contar con el beneplácito de la Generalitat, y que tienen un mes de plazo para detallar la estructura organizativa, de gestión, administrativa y asistencial, así como su cartera de servicios y de personal. Sin embargo, y pese a que la intención de Sanidad no era ni mucho menos un secreto, Ribera Salud no está en absoluto de acuerdo ni con las formas ni con el fondo de la medida, por lo que ayer anunció que acudirá a los tribunales para recurrir esta decisión, que consideran «puramente ideológica» y que «no defiende el interés público de los ciudadanos».

Desde la concesionaria recordaron que el pasado mes de enero la conselleria abrió un expediente informativo para determinar la conveniencia o no de prorrogar la concesión (que expira el 31 de marzo de 2018), proceso en el que Ribera Salud aportó distintos testimonios e informes periciales de expertos nacionales e internacionales sobre este modelo de gestión, información que, según la compañía, «no ha sido tenida en cuenta para la resolución del expediente, lo que demuestra que su apertura responde a un intento de dar apariencia jurídica a una decisión previamente tomada».

Sanidad, por su parte, acompaña el documento que detalla las normas que regirán la reversión con la resolución del citado proceso administrativo, en el que resuelve no prorrogar la concesión. Justifica su decisión, entre otras cuestiones, en que «no es obligación para la Administración ni un derecho para el concesionario» que se prorrogue el servicio, pero declina «emitir valoraciones en torno a la validez o efectividad de los modelos de colaboración público-privado».

Sin embargo, y pese a este expediente informativo contrario a alargar la concesión, Ribera Salud insistió en que «velará por sus intereses» como concesionaria del hospital. «Con las medidas legales necesarias defenderemos los derechos de los ciudadanos porque creemos que el modelo concesional les da un mejor servicio público». Para justificar esta afirmación, recordaron que «según los datos oficiales ofrecidos por la propia conselleria en la última memoria publicada, los hospitales y centros de salud gestionados por nuestro grupo registran unos óptimos indicadores, tiempos de espera más reducidos y el índice de satisfacción del paciente está por encima del resto de departamentos de salud públicos».

Pese a ello, el plan de Sanidad sigue en marcha y, además de fiscalizar cualquier decisión relacionada con el personal, las instalaciones, los equipamientos o las inversiones que desarrolle Ribera Salud en el hospital los próximos doce meses, la conselleria recuerda que «imputará a la última liquidación anual» de la compañía «las actuaciones que la Administración tenga que desarrollar para normalizar» los parámetros de calidad en el servicio si no se ajustan a los establecido. Asimismo, le exige que tenga un stock de medicamentos y demás productos sanitarios suficientes para atender el centro, al menos, durante un mes después de la reversión del servicio y que se adapte a los sistemas informáticos del sistema público.