El futuro concierto del Consell para gestionar residencias contraviene la norma europea

valencia. El concierto social que el Consell pretende impulsar el próximo ejercicio con las denominadas entidades del tercer sector (sin ánimo de lucro) para la gestión de residencias y otros centros de atención a ancianos y dependientes «carece de base legal para ser implantado». Así de tajante se muestra la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) en las alegaciones que ha presentado al futuro decreto que regulará este concierto. En concreto, apunta, la nueva norma es contraria a la Directiva Europea de Contratación 24/2014/UE puesto que excluye a las empresas que gestionan estos servicios. Por tanto, para Aerte, los principios de transparencia y no discriminación que marca la normativa europea no se cumplen en el futuro decreto.

«Hemos defendido la creación de un marco estable para las entidades del tercer sector que sufrían todos los problemas relacionados con el sistema de subvenciones. Estábamos convencidos de que necesitaban seguridad jurídica y mayor estabilidad en la colaboración con la conselleria, pero no comprendemos por qué esa regulación excluye al 85% del sector privado de la Comunitat», añaden desde la asociación. En concreto, el nuevo modelo que pretende implantar la Generalitat va a modificar el sistema de financiación de los servicios gestionados por las entidades sin ánimo de lucro, pasando de las subvenciones al concierto.

Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas insistieron en que el modelo de gestión del Consell «pasa por lo público y, de manera subsidiaria, por las entidades del tercer sector y la empresa privada, por este orden». «Lo que se busca es evitar una mercantilización del sector de atención a las personas más vulnerables», añadieron. Por último, los servicios jurídicos autonómicos todavía no han podido estudiar las alegaciones, puesto que el plazo para presentarlas terminaba ayer.