La absorción del personal sanitario del hospital de la Ribera acaba en el juzgado

Prácticamente sobre la bocina, el Diari Oficial de la Generalitat publicaba ayer el decreto que regulará la subrogación del personal del departamento de salud de la Ribera por parte de la Conselleria de Sanidad; es decir, la norma que detalla la fórmula por la que los actuales empleados del hospital y los centros de salud pasarán del ámbito privado a depender de la Administración autonómica. La publicación del decreto ha tenido lugar apenas cuatro días antes de la reversión de la gestión del departamento, que se materializará el próximo domingo, aunque la norma data del pasado 23 de marzo.

Y si apenas hace unas horas que ha visto la luz pública, el decreto ya se encuentra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, puesto que el martes, un día antes incluso de aparecer publicado, el Sindicato Independiente (SI) presentó un recurso a la sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal en el que, además, solicita la suspensión cautelar de la norma.

Entre el argumentario esgrimido por la formación sindical en la solicitud judicial destaca sobre todo su oposición al punto 1 del artículo 3, en el que se detallan los efectos de la subrogación del personal. En este apartado, la norma recoge que «el personal objeto de subrogación (...) mantendrá su relación laboral en la condición de personal laboral a extinguir, pasando a prestar sus servicios bajo la dependencia orgánica y funcional de la conselleria competente en materia de sanidad hasta la extinción del contrato de trabajo por cualquiera de las causas legalmente previstas». Ante esa redacción, el recurso presentado por el SI esgrime que contraviene tanto el Estatuto de los Trabajadores como la directiva europea que recoge los derechos de los trabajadores y hasta el artículo 1.256 del Código Civil («la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes»), ya que, en su opinión, las relaciones laborales mutarán de «personal fijo de plantilla» a «personal laboral a extinguir», lo que supondrá de facto, «la sustitución de un contrato indefinido por otro temporal, de interinidad o a término, eludiendo así la obligación de la conselleria de subrogarse a los mismos derechos y obligaciones laborales del anterior empleador, imponiendo una novación contractual contraria al principio de irrenunciabilidad de los derechos y vulnerando la prohibición de dejar el cumplimiento de lo pactado al arbitrio de una de las partes».

En esta sentido, el secretario general de la formación sindical, Fermín Palacios, calificó de «vergüenza» que el decreto se haya publicado apenas cuatro días antes de la reversión, cuando en procesos similares suele tener un plazo de alrededor de un mes, y lamentó que la normativa «perjudica a un colectivo muy importante, como son los 1.422 trabajadores fijos» del departamento de salud de la Ribera. «De ser fijos pasan a ser personal a exterminar, puesto que ahora la Administración podrá amortizar o extinguir las plazas, podrán ir a la calle por diversas razones y con indemnizaciones que podrían ser incluso de 20 días por año trabajado», apuntó Palacios. «Es una fórmula para poder ir despidiendo a trabajadores y colocar a funcionarios en su lugar», agregó. Además, advirtió que a los 280 empleados eventuales actuales «cuando se les acabe el contrato, adiós muy buenas», por lo que la situación podría desembocar en protestas y hasta en la convocatoria de huelga por parte de los trabajadores, por lo que, indirectamente, esta situación podría afectar a unos 250.000 potenciales usuarios del centro hospitalario y de los ambulatorios de la comarca, tal y como barajó.

Por su parte, el coordinador del área social del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, lamentó que los trabajadores «no saben cuándo van a firmar los contratos con la administración» y que el decreto «dice que el personal subrogado estará en su plaza de manera provisional y a efectos de organización sin adquirir ningún derecho sobre esa plaza», y también «que en los próximos concursos se ofertarán todas las plazas básicas vacantes de cada categoría, es decir, cualquier trabajador de la sanidad puede desplazarse a la Ribera». «Más de 1.800 trabajadores están en situación muy complicada, exclusivamente por los caprichos ideológicos de la consellera de Sanidad, Carmen Montón», resumió.

En el otro extremo se posicionaron los sindicatos CCOO e Intersindical Valenciana. Mientras la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO manifestó ayer que «comparte y aplaude la firme determinación de la conselleria en el proceso de reversión a la gestión directa del departamento de salud de la Ribera», desde Intersindical añadieron que se trata de una «magnífica noticia esperada desde hace años». Respecto al papel de los sindicatos en este proceso, destacaron que se ha llegado a acuerdos para establecer una «transición tranquila hacia el proceso de estatutarización del personal laboral» e impulsar la movilidad hacia este departamento, incrementar la plantilla o conseguir la equiparación retributiva entre el personal laboral y el estatutario.

En este sentido, una disposición transitoria del decreto establece que la gerencia del departamento deberá convocar en el plazo máximo de cinco meses desde su entrada en vigor un procedimiento de movilidad interna en el propio departamento para el personal estatutario fijo. Esta disposición señala que una vez resuelto el procedimiento de movilidad interno, en los próximos concursos de traslados que se convoquen se ofertarán para su provisión todas la plazas básicas vacantes de cada categoría y, en su caso, las de especialidad que se hayan generado en el departamento.