«Cuando quemaba sentía paz, disfrutaba viendo el incendio»

Quemar por quemar. Así actuaba un hombre de 78 años, agricultor de Almenara, arrestado por once incendios forestales en su pueblo y en Benavites. «Igual quemaba matorrales al lado de la carretera que una pinada o un campo abandonado», detallan policías que le siguieron la pista. Su incesante acción entre 2013 y 2014 dañó un parque natural, una parcela y las proximidades de un área de servicio. Capturarlo no fue sencillo. Plantó cara a los agentes y agredió a golpes a dos de ellos mientras trataba de zafarse. Tras declarar en un juzgado de Nules, el sospechoso quedó en libertad.

El horror de Galicia ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de los fuegos intencionados. Los causados por pirómanos e incendiarios. En la Comunitat suponen ya la primera causa de incendios forestales, por encima de negligencias o rayos. Las estadísticas de la Conselleria de Medio Ambiente lo constatan. Los montes valencianos sufrieron el año pasado 153 incendios intencionados, un 45% del total. Esos fuegos arrasaron más de 4.000 hectáreas, aproximadamente la mitad de la superficie de monte afectada por los siniestros. Y se aprecia un repunte de las «quemas intencionadas para regenerar cañares y carrizales» y también de la «piromanía patológica». Los fuegos por el problema mental pasaron de 10 a 20 durante 2016.

La provincia de Valencia sufrió el año pasado dos grandes incendios intencionados. El primero, presuntamente causado por un joven de Bolbaite, desató el miedo en la Canal de Navarrés el 15 de junio. En Chella, la población más afectada, las llamas se quedaron al borde mismo de las viviendas.

«Fue un infierno. Aquí no ha pasado nada tan terrible. En diez minutos se descontroló y no lo frenaban», recuerda el alcalde de Chella, José Enrique Talón. «Viendo Galicia nos hemos acordado mucho de lo nuestro. Pensábamos que ardía el pueblo», rememora.

El fuego no llegó al casco urbano, pero arrasó 750 hectáreas de cultivo, principalmente olivos. Sesenta agricultores perdieron o vieron mermar su cosecha. Han recibido ayudas de la Generalitat por valor de 82.000 euros. Las aceitunas no volverán a crecer hasta pasados cuatro años. Algunos han optado por talar los árboles quemados y dejar los brotes crecer.

En el desastre se perdió uno de los olivos más antiguo e imponentes del lugar. Un anciano milenario de casi cuatro metros de perímetro vivía donde hoy sólo hay un agujero en la tierra. Los agricultores siguen adelante, resignados, entre pinos ennegrecidos y la huella de la desolación en el paisaje. Un joven de 19 años de Bolbaite fue detenido por el incendio y enviado a prisión.

Sólo un día después, la historia se repitió en Carcaixent. Nuevo fuego intencionado, según Medio Ambiente. Tres miembros de una cuadrilla de agricultores acabaron arrestados. Sean Damant estuvo a punto de perder su casa aquel día. «Entiendo bien lo que están pasando en Galicia y Portugal. Cuando lo veo, quiero llorar».

Sean llegó a su casa, muy cerca del foco inicial, justo cuando comenzaban las llamas. «Temí por la vida de mis hijos», confiesa. El incendio penetró en su terreno y destrozó el sistema de riego. «Tuve las llamas a las puertas de la vivienda». El hombre y su familia abandonarán el chalé en diciembre para residir en Valencia. «No me quiero enfrentar a esto otra vez», apostilla.

El problema de los incendios intencionados persiste este año. El monte sigue teniendo enemigos en la sombra. Entre enero y agosto, la región ha sufrido 100 incendios intencionados que han destruido 483 hectáreas, la mitad de la superficie afectada por fuegos.

Si piensa que los intereses urbanísticos encienden la mecha intencionada, se equivoca de raíz. En lo que a investigación se refiere, partimos de un hecho tan triste como cierto: «Esclarecer un incendio forestal es más complicado que resolver un crimen». Lo confesó un alto mando del Seprona de la Guardia Civil durante una charla en Valencia.

Sí es posible conocer el origen en sus tres posibilidades lógicas: intencionado, por negligencia o por causa natural. Y, según las estadísticas de la conselleria, más de 2.000 fuegos intencionados han arrasado casi 20.000 hectáreas en la Comunitat entre 2001 y 2015.

Lo realmente complejo es saber, con cierta fiabilidad, qué pretenden quienes prenden fuego a voluntad. En ese periodo nuestra región ha padecido más de 2.000 incendios intencionados. Sin embargo, en la mayor parte de ellos, siete de cada diez, no hay datos que permitan conocer qué perseguían el autor o autores.

Son los 600 restantes los que esbozan el móvil de los incendios forestales intencionados. Y destaca, de manera clara, la acción de los pirómanos. Los problemas mentales con tendencia a provocar fuego están detrás de 174 incendios que han quemado más de 1.100 hectáreas en ese periodo.

El segundo lugar lo ocupan los incendios provocados por agricultores para eliminar matorral y residuos agrícolas que se dejan arder intencionadamente y acaban propagándose al monte. Esta motivación ha sido causa de 64 fuegos con 500 hectáreas arrasadas. A continuación, aparecen los incendios provocados por pastores y ganaderos para regenerar y favorecer el nacimiento del pasto. Con este fin se produjeron 61 fuegos que calcinaron 273 hectáreas. El vandalismo puro y duro, quemar por quemar, también existe. Y, por asombroso que parezca, se han constatado siniestros por mero rechazo a la creación o existencia de espacios naturales protegidos. Los relacionados con especulación urbanística suponen una parte ínfima. Sólo se contabilizan cuatro y con menos de 50 hectáreas afectadas.

Purificación Beltrán ha tratado con pirómanos cara a cara. Es psiquiatra forense y jefa de servicio de Laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML). «Es como el cleptómano. También sería equiparable a un toxicómano con mono, pero en su caso logra la calma con el fuego».

Las personas con tendencias pirómanas padecen «un trastorno de control de impulsos». Puede ir acompañado de una alteración de la personalidad. En la fase crítica, el enfermo sufre «una fuerte tensión con taquicardia, palpitaciones o sensación de ahogo». Hacer fuego, describe la experta, «le devuelve el sosiego, le produce alivio». Así se expresó un pirómano ante la forense: «Cuando quemaba me encontraba en paz, disfrutaba viendo el fuego».

Según Beltrán, «antes de catalogarlos como pirómanos hay que descartar posibilidades como cuadros delirantes o demencias de mayores que tiran colillas casi sin pensar». Mientras el incendiario tiene una motivación, el pirómano «no obtiene más beneficio que el de calmar su tensión». Revela que es «más fácil pillar a un pirómano que a un incendiario. Lo suyo es 'pensat y fet', con lo primero que tiene a mano, una cerilla o un mechero». Un estudio de la Universidad Internacional de Valencia revela que 50.000 valencianos podrían padecer piromanía, puesto que la enfermedad afecta a un 1% de la población.

Según Interior, el año pasado hubo 45 detenidos o investigados por causar incendios forestales en la región. Sin embargo, el número de fuegos negligentes e intencionados ascendió a 244. Es decir, sólo una quinta parte de los incendios por la mano del hombre en la Comunitat acaban con arrestados.

¿Qué sucede después? Lo explica Ángela Coquillat, abogada penalista y diputada del ICAV. «La pena base oscila entre uno y cinco años y una multa de hasta 18 meses». Pero si hay peligro para la vida, el tiempo de cárcel «puede elevarse hasta los 20 años». También se agrava si el fuego daña una superficie amplia, se produce en una jornada de condiciones climáticas adversas o persigue fines económicos.

El escollo para que un incendiario acabe en prisión «es la complicación para inculparlo», admite la jurista. «Casi siempre se quema la prueba en el propio incendio. Hay técnicas científicas, pero se necesitan marcas de ruedas de coche, testigos que ratifiquen su autoría... En la mayoría de casos, los jueces no encuentran suficientes argumentos que rompan la presunción de inocencia», asegura.

Mucho incendio intencionado, pocas detenciones y aún menos encarcelamientos. Según Instituciones Penitenciarias, actualmente hay 11 personas entre rejas por incendios forestales en toda España. Seis están en prisión preventiva y cinco cumplen ya condena. El organismo no aporta datos por regiones.

Pero no se puede tirar la toalla. Según José María Ángel, director de Emergencias, «la Policía de la Generalitat dispone de un grupo de unos 50 agentes que se dedican a la recogida y análisis de datos relacionados con los incendios». En esta lucha están también implicados guardias, policías, agentes medioambientales y unidades de prevención. Posiblemente, sin su esfuerzo el daño de los incendiarios a nuestro gran tesoro verde todavía sería mayor.