El atún adulterado detectado en España ya ha intoxicado a trece valencianos

VALENCIA. El Ministerio de Sanidad confirmó ayer la intoxicación de 154 españoles en lo que va de año tras el consumo de atún en mal estado. Unos datos que también han afectado de cerca a la Comunitat, ya que la Conselleria de Sanidad identificó trece casos leves en los cuatro brotes que se habrían producido en tierras valencianas.

Al parecer, el 70% de los afectados (105 personas) han sido vinculados a una empresa almeriense de conserva de alimentos cuya especialidad son los pescados y mariscos, según la información proporcionada por el Ministerio.

La Comisión Europea, que ya escribió una carta a España el pasado 14 de septiembre informando de la preocupante situación, destacó que el atún afectado iba destinado a la industria conservera y recibía la aplicación de sustancias vegetales que modificaban el color del pescado para que pareciera más fresco, favoreciendo las altas concentraciones de histamina en el atún. Se tarta de un compuesto orgánico provocado por la mala conservación del alimento, que afecta a las respuestas locales del sistema inmunitario, pudiendo ocasionar serios problemas de intoxicación alimentaria. Algunos de los síntomas que se han experimentado han tenido que ver con dolores de garganta, rubor, sudor facial, náuseas, vómitos, cefaleas y enrojecimiento de la piel.

Tras el proceso de manipulación al que era sometido el pescado, este se vendería posteriormente a un precio más elevado. Una «práctica fraudulenta» que ha afectado a España, Alemania, Francia, Italia y Portugal, y que desde Bruselas reclaman a las autoridades españolas «aclarar con urgencia» las medidas que se han llevado a cabo para hacer frente al fraude.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), que recibió 15 alertas por presencia de altas concentraciones de histamina en el atún, aseguró que tanto las administraciones locales y estatales, como las autoridades están recopilando toda la información requerida por la Comisión Europea y mantienen activados los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad del pescado que se comercializa. Una situación de la que la Guardia Civil tiene conocimiento desde el pasado mes de mayo. Hasta el momento la Benemérita ha investigado a siete personas como presuntos responsables de la intoxicación alimentaria de los 105 casos relacionados con la empresa almeriense, que continúa cerrada como medida de precaución. Además, el Instituto Armado les acusa de un delito contra la salud pública con productos alimenticios, otro de falsedad documental y un delito relativo a los consumidores.

Se trata de una práctica prohibida por la legislación vigente en España, que junto a la Comisión Europea iniciaron una investigación que terminó confirmando la ilegalidad de estas actuaciones. Así, Bruselas ha activado la Red de la Unión Europea contra el Fraude Alimentario para garantizar el intercambio rápido de información entre las autoridades de los Estados miembros, que a través de una comunicación «activa» pretende obtener datos adicionales sobre el caso y conocer su potencial magnitud». Para ello, los canales de cooperación jugarán un papel fundamental.