Cambio radical en las oposiciones de maestros del año que viene en la Comunitat Valenciana

La revolución se está gestando en un grupo de trabajo con los sindicatos, que hasta el momento ha celebrado varias reuniones. Todavía no hay acuerdo, aunque la intención de la administración es seguir negociando al considerar que beneficia a todas las partes: el cambio de fechas facilita procesos administrativos posteriores, como la organización de las plantillas del curso siguiente, los tribunales evitan sobrecarga de trabajo y los aspirantes disponen de mejores condiciones.

La última propuesta de la conselleria se centra en dos opciones: empezar el sábado 28 de marzo, con el examen teórico y el práctico el mismo día (en horario de mañana y tarde), o hacerlo en septiembre de 2026. El sábado 12 llegaría el primero, y al siguiente, el 19, el segundo. En cualquier caso se separa la oposición del final del curso, lo que siempre ha generado tensión porque los docentes seleccionados para los tribunales deben compatibilizar esta labor con las habituales del cierre del ejercicio, ya sean clases o tareas organizativas o burocráticas. Con la primera propuesta todo quedaría resuelto antes de verano, y con la segunda, al filo de las Navidades.

Aunque queda alguna reunión de la mesa, fuentes participantes explican que parece mejor posicionada la opción de septiembre, en el sentido de que no perjudica a los opositores que ya hayan iniciado su preparación contando con que las pruebas llegarían en las fechas habituales (principios de junio). Que arranquen en septiembre de 2026 da más tiempo de preparación (tres meses más), al contrario de lo que sucedería en marzo (tres meses menos). Y los sindicatos son reticentes a que exista una desventaja temporal para los aspirantes.

En cuanto a la segunda fase del proceso, la defensa de la programación didáctica que elaboran los aspirantes, se haría de lunes a viernes, con un permiso especial para los que tuvieran que ausentarse de su trabajo para acudir al tribunal. Cabe recordar que sobre todo concurren interinos y que el proceso se desarrollará durante el curso académico.

Las dos primeras partes de la prueba se seguirán haciendo en los institutos y en sábado (imposible cambiar el día sin torpedear la actividad lectiva). Pero las sedes de los tribunales serán distintas, pues se ubicarán en espacios más confortables, como Escuelas Oficiales de Idiomas o Centros de Formación del Profesorado (Cefires), a los que se trasladará la segunda prueba: la programación didáctica a la que sólo acceden los que aprueban las dos partes de la primera fase. Tienen espacios más amplios (como salas de reuniones) y mayor flexibilidad horaria. Y suelen estar climatizados, lo que evita otro problema del modelo actual: el calor de los meses de junio y julio.

La previsión de la conselleria es que haya menos órganos evaluadores, aunque siempre en proporción al número de aspirantes inscritos. Con ello, según la propuesta, se mejora la coordinación y se reduce la arbitrariedad que se genera con los cupos actuales. Y es que las plazas de la oposición -esta tendrá 1.959- se distribuyen entre los tribunales creados (siempre en función de la especialidad), por lo que cada uno puede elegir a un número determinado de aspirantes. Esto provoca situaciones como que en uno un ocho de media no sirva para conseguir los puestos asignados (se los quedan opositores con mejores notas) mientras que en otro se consigue plaza con una calificación bastante inferior (si la competencia no ha sido tan dura). Es decir, cada órgano tendrá más plazas a adjudicar y se prevé una mejor coordinación, lo que se podría traducir en más homogeneidad en los criterios de evaluación. No es el remedio perfecto, pero al menos mitiga algo esa arbitrariedad.

Los tribunales los conforman funcionarios elegidos mediante sorteo, y hasta ahora reciben un pago por su labor. Hay indemnizaciones por kilometraje, hospedaje o por asistencia a la sede del tribunal para evaluar a los aspirantes. Este último concepto ha sido polémico, con una huelga suspendida in extremis en el proceso actual, pues Educación pretendía pagarlo sólo cuando las tareas se desarrollaran en horario extraordinario, fuera de la jornada habitual, y siempre que se justificara esta necesidad.

Para el próximo proceso ya no existirá la gratificación por asistencia, pues los elegidos serán liberados de sus tareas lectivas y trabajarán durante su jornada ordinaria, pero sí habrá una contraprestación en especie: se reconocerán 100 horas en concepto de formación (equivale a un sexenio, complemento retributivo que se consolida y se cobra mensualmente) y otras 30 de formación impartida, lo que da ventaja, en forma de puntos, en procesos selectivos, concursos de méritos o comisiones de servicios.

Además, se ampliará el catálogo de supuestos que permiten la exclusión del sorteo, como ser cargo directivo (hasta ahora sólo quedaba exonerado el director) y se dispensará al personal que acredite residir a más de 50 kilómetros del tribunal. Una manera de evitar que tengan que recorrer cien cada día.