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El Plan Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) sigue sin ser del gusto de la administración. En 2013 el anterior ejecutivo del Partido Popular presentó la revisión de este documento con la mitad de las obras previstas en 2003 todavía sin ejecutar.
Por su lado, el Consell presidido por Ximo Puig fue el encargado de aprobar este planeamiento en octubre de 2015, poco después de llegar al poder. Pero tampoco parece que se encuentra entre sus prioridades.
Y el problema es que cerca de 300 localidades de las 541 que existen en la Comunitat cuenta con alguna zona de su término municipal con riesgo de sufrir inundaciones más o menos graves.
La situación económica, especialmente desde 2008 con el inicio de la crisis, conllevó una drástica reducción en la inversión en obra pública tanto del Estado como de la Generalitat, lo que contribuyó a frenar la aplicación de este programa.
Ahora la escasa capacidad de generar fondos del actual Consell está coartando de nuevo las actuaciones pendientes, que superan el centenar en las calificadas como estructurales.
Pero la administración autonómica no es la única que tiene un saldo negativo. El Gobierno central, según un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, tiene pendiente actuaciones pendientes en todo el territorio por valor de 496 millones de euros.
Entre ellas se encuentra la construcción de tres embalses: el de Montesa, con un coste de 30 millones; la presa de Sellent, con un presupuesto similar y el tantas veces demandado embalse de Vilamarxant, que completaría la protección del área de Valencia contra futuras avenidas y que también supone el gastos de unos 30 millones.
El mismo informe señala que se encuentran todavía por realizar los planes de riesgo de inundación del Bajo Turia y área metropolitana de Valencia, del Bajo Turia y Ribera del Júcar y el correspondiente de la comarca de la Safor.
Por otro lado, el Estado no ha ejecutado el plan director de defensa contra las avenidas en las comarcas de la Marina Alta y Baja mientras que las obras para inundaciones pendientes contra el riesgo de riadas en la provincia de Castellón superan los 61 millones.
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