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A. RALLO
VALENCIA.
Miércoles, 13 de septiembre 2017, 00:30
Tarde de incertidumbre entre los profesionales de la Justicia. La Generalitat anunció que tras el incendio del pasado domingo el aire de la Ciudad de la Justicia ya no era perjudicial para la salud. Así lo certifican dos informes. Uno está firmado por los técnicos del Invasat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo). El otro fue encargado por la propia conselleria de Justicia a una empresa externa. El edificio reunía de nuevo las condiciones de seguridad y salud para abrir las puertas. Esto se comunicó alrededor de las cinco de la tarde a la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva. El Colegio de Abogados enviaba un comunicado en el que informaba de que el edificio seguiría cerrado. Unas horas más tarde, el alto tribunal, que había suspendido desde el lunes toda la actividad judicial y todos los plazos procesales hasta disponer de los informes, anunciaba que pese a la apertura de los órganos judiciales, el miércoles sería inhábil. La tercera jornada de esta semana.
La Ciudad de la Justicia no celebrará juicios, ni comparecencias ni otros actos judiciales. En definitiva, todo aquello que estuviera previsto en la agenda. El motivo es la falta de tiempo para avisar a todos los intervinientes, por ejemplo, en un juicio. No obstante, los letrados podrán presentar escritos en el registro de entrada o en los juzgados, aunque los plazos estén suspendidos. La normalidad en la Ciudad de la Justicia regresará mañana. El TSJ ha seguido las indicaciones que constan en el protocolo para emergencias del Poder Judicial, elaborado tras el terremoto de Lorca.
Las consecuencias del siniestro seguirán afectando a otros 20 juzgados. Se trata de los órganos ubicados en la parte de las instalaciones siniestrada. Los de Primera Instancia y dos de Contencioso. Su situación se abordará hoy en la Sala de Gobierno. Las dependencias de la tercera planta están afectadas por hollín, mientras que en el primer piso ha sido el agua el causante de algunos problemas. Es una incógnita cómo responderán los equipos informáticos de esas dependencias el día de su reapertura. De tal modo, que quizá se prorrogue la suspensión de los plazos incluso toda esta semana. Lo que sí está decidido es el traslado de los cuatro juzgados de la planta donde se inició el fuego, los que han quedado totalmente destruidos por las llamas. Tampoco se descarta que haya que buscar otro emplazamiento a más sedes de la Ciudad de la Justicia.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ofreció ayer una rueda de prensa. No quiso pronunciarse de manera clara respecto a los sistemas de alarma del edificio. Puso en duda la tesis de que el sistema fallara. «La Policía lo aclarará», adelantó. A día de hoy, existen varias teorías. Una es que las alarmas no funcionaron pero, al parecer, hay quien sostiene justo lo contrario.
Bravo mantuvo la cautela y remitió una y otra vez al informe definitivo de los agentes. El trabajo de los especialistas no sólo determinará la validez de los sistemas de prevención sino que concretará la causa. Se habla de un cortocircuito, de una subida de tensión... Todas las comprobaciones que se hicieron durante el día de ayer -sistema de alarmas y puertas- funcionaron correctamente. Bravo destacó que en el siniestro del pasado domingo las puertas automáticas sí se cerraron. Este mecanismo impidió que el fuego se extendiera por el edificio.
La Conselleria ha abierto una investigación interna para aclarar si la empresa encargada del mantenimiento pudo tener alguna responsabilidad en el suceso. El edificio cuenta con el mismo sistema de su inauguración en 2003 y había pasado todas las revisiones, según indicó la responsable. Bravo, en cambio, sí reconoció las deficiencias de las instalaciones en otro sentido. Por ejemplo, el plan de evacuación de la Ciudad de la Justicia no está actualizado. Actualmente, según detalló, se había remitido al servicio de Infraestructuras para que hiciera una nueva planimetría puesto que desde 2006 se han hecho cambios y reformas. La prioridad del departamento había sido poner en marcha planes en aquellos edificios judiciales en los que no había. Por ejemplo, citó Elche, Vila-real o Paterna no contaban con este tipo de planes y «llevaban años funcionando».
El fuego ha afectado a muchos menos expedientes de los que inicialmente se pensaba. La Conselleria también ha contratado a una empresa para la limpieza «inmediata» de esta documentación. Esta tarea se hará en un lugar habilitado de la propia Ciudad de la Justicia.
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