El colapso de casos abre la puerta a la huelga judicial

«Hace diez años, los jueces y magistrados de toda España comenzamos una serie de movilizaciones para la modernización de la Justicia que culminaron con sendas huelgas judiciales. Perdimos el miedo e intentamos trasladar a la ciudadanía las inquietudes y necesidades de la Justicia española, que son muchas. Pero tras este dilatado lapso de tiempo, la situación no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado notablemente». Y un nuevo paro aparece en el horizonte del sistema judicial español, incluido el valenciano, el próximo 28 de mayo. El párrafo inicial forma parte del comunicado emitido ayer por el Decanato de los Juzgados de Valencia, mientras decenas de jueces y fiscales se concentraban a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

«A estas alturas, es ya evidente que no existe ninguna voluntad política por mejorar la Justicia», añade el texto firmado por el decano de los jueces, Pedro Viguer. Junto a él, la «unidad asociativa y del sector», como destacó Esther Rojo, presidenta regional de la Asociación Profesional de la Magistratura, quedó demostrada ayer con la presencia de todas las asociaciones judiciales y fiscales, así como de la fiscal jefe, Teresa Gisbert.

Frente común ante la falta de creación de juzgados en la Comunitat (este año, sólo dos en Valencia) y la imperiosa necesidad de crear más plazas de jueces y fiscales. Como denunció LAS PROVINCIAS, la ausencia de magistrados (reclaman 300 nuevas plazas por año) hace que titulares tengan que ocuparse hasta de dos órganos a la vez. O que la avalancha de procesos contra cláusulas abusivas de prestamos dejen hasta 4.000 casos pendientes de incoar y los juzgados sepultados por papel. Derogar los plazos máximos de instrucción es una de las peticiones con más fuerza de los fiscales, impotentes para acabar en plazo las investigaciones «mientras no se dote de los medios necesarios», según el comunicado conjunto leído ayer.

«Al final, quien paga los retrasos es el justiciable; lo que reclamamos es por bien de toda la ciudadanía», subrayó Rojo. Aunque las últimas cifras de asuntos muestran una reducción de casos, aún hay muchos juzgados de la Comunitat con tres veces más de expedientes que la cifra recomendada por el Consejo General del Poder Judicial.

La modernización de edificios judiciales (el Palacio de Justicia se cae, casi literalmente, a pedazos, aunque su rehabilitación por la conselleria parece inminente) y la mejora y digitalización de los equipos para evitar los colapsos del sistema y la falta de conexión entre juzgados y fiscalía es otra de las reivindicaciones de los profesionales de la justicia. Viguer subrayó la necesidad de reforzar la «independencia institucional, pues carecemos de capacidad de autogestión y somos económicamente dependientes, lo que implica otra forma de condicionar la eficacia judicial».