Menores en estado terminal tendrán derecho a conocer su enfermedad

El pleno del Consell aprobó ayer el proyecto de ley de la Generalitat de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, conocido como la ley de muerte digna, que será remitido a Les Corts para continuar su tramitación parlamentaria. Esta nueva normativa incluye un artículo específico en el que se establecen los derechos de los menores de edad en el final de la vida, apartado que establece el derecho a recibir información sobre su enfermedad y sobre los posibles tratamientos de forma adaptada a su edad y a su capacidad de comprensión, según indicaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, añadieron, la futura ley pretende garantizar que el paciente pueda elegir dónde morir y dónde recibir los cuidados paliativos en esta última etapa, ya sea en el hospital, en un domicilio o una residencia, por ejemplo. Además, la persona en el proceso final de la vida tendrá derecho a disponer, si lo desea, del acompañamiento permanente familiar o de la persona cercana que designe. También tendrá derecho a recibir acompañamiento espiritual de acuerdo a sus convicciones y creencias por lo que, según insistieron, «además del control de los síntomas, se han de cuidar las esferas psicológica, social y espiritual del paciente».

La normativa crea también una nueva herramienta, bautizada como Planificación Anticipada de Decisiones, un documento que permite la programación de la atención futura de forma conjunta con el personal que atiende habitualmente al paciente mediante un proceso voluntario y progresivo de comunicación y deliberación. Si así lo expresa la persona, en este proceso participarán familiares, representantes designados u otras personas de su entorno; y dicho proceso quedará recogido en su historia clínica, aclararon desde Sanidad.

Con la nueva norma, «se unifica en un único texto los derechos de los ciudadanos, los deberes de las instituciones y profesionales y las garantías de las instituciones en el proceso de atención al final de la vida». A su vez, resumieron, «se dota de seguridad jurídica al personal de las instituciones que atienden a la ciudadanía en el proceso final de su vida y a la propia persona que se encuentra en este proceso». Otro aspecto relevante de la futura ley es que se incluye en el ámbito de aplicación a centros e instituciones sanitarias y sociales de titularidad tanto pública como privada, así como a aseguradoras que presten servicios en la Comunitat. Además, se impulsa la realización de voluntades anticipadas por parte de la ciudadanía.

En definitiva, el texto tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida para garantizar el respeto a su dignidad y autonomía, a la expresión de sus deseos y valores, y a su voluntad dentro del marco legal.