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J. BATISTA
Miércoles, 23 de agosto 2017, 00:03
valencia. La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ofreció ayer un balance sobre el funcionamiento del sistema de atención a la dependencia desde la llegada del Consell del Botánico. La también vicepresidenta defendió que con el refuerzo del personal y el aumento de los puntos de atención se ha podido revertir la situación heredada, con la incorporación de 30.425 beneficiarios, y que las listas de espera se han reducido respecto al 2015 al pasar de 44.686 a 27.905 personas, un 37,5% menos. Sin embargo reconoció que el retraso en la resolución de los expedientes, que se generan después de que el interesado presente la solicitud, llega a un año teniendo en cuenta que actualmente se están tramitando los que datan de febrero y marzo del ejercicio pasado.
Aunque es cierto que el periodo total es de un año y medio, hay que recordar que el plazo legal máximo que tienen las administraciones autonómicas para tramitar las solicitudes es de seis meses, y por tanto, deben descontarse del cómputo global. De hecho Oltra dijo ayer que uno de los objetivos para el final de la legislatura es cumplir con los tiempos que marca la normativa estatal. También añadió que las situaciones más urgentes sí se están gestionando en arreglo al periodo máximo y recordó que se han topado con problemas en relación a las tramitaciones más antiguas que seguían pendientes, pues es necesario actualizar datos personales (como las cuentas bancarias) e informes técnicos.
La vicepresidenta criticó la situación que se encontró al llegar a la conselleria, con expedientes pendientes desde 2007 y 2008, y criticó que con el PP se llegó a reducir el número de beneficiarios de las prestaciones -de 45.000 en 2011 a 41.995 en 2015- pese a existir un aumento de las necesidades, por ejemplo, por el envejecimiento poblacional.
También se felicitó por el aumento de las solicitudes registradas -personas que quieren acceder al sistema-, pues durante el primer semestre de 2017 se han cuadruplicado respecto al mismo periodo de 2016, tendencia que atribuyó a «los buenos resultados que están dando las políticas del Consell», que «animan a las personas en situación de dependencia a reclamar un derecho que el anterior ejecutivo les negó durante años».
En cuanto a las medidas de organización adoptadas desde principios del año pasado, destacó que además de reforzarse el personal de la conselleria se ha actuado en los servicios municipales, lo que ha permitido pasar de 145 localidades con puntos de atención a la dependencia a 243. Además dijo que de los 18 valoradores para toda la Comunitat que había con el PP se ha llegado a 450. De hecho se mostró convencida de que a lo largo de este año se consolidará esta descentralización.
La vicepresidenta también dijo que peleará para conseguir que el Gobierno central aumente los fondos que destina para financiar el sistema, pues en arreglo a la regulación estatal debe aportar la mitad del presupuesto, y sin embargo, el porcentaje para la Comunitat ha oscilado entre el 12% y el 14%. Defendió que es una reivindicación de todas las regiones en las reuniones sectoriales y que la media estatal está en el 18%, aunque hay autonomías donde se llega al 30%. «Así se ven las prioridades de cada gobierno, las del señor Rajoy y las de la Generalitat respecto a personas vulnerables», dijo. La financiación del sistema se sitúa en 620 millones anuales.
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