Todos los partidos apoyan la ley que impulsará controles de alcoholemia contra el botellón

«Abrimos la puerta a la protección de los menores que serán los hombres y mujeres del futuro». Con 6.000 comas etílicos registrados cada año entre menores españoles. Con siete de cada diez adolescentes saliendo el fin de semana a consumir alcohol como un modo de llenar su tiempo de ocio. Con una sensación generalizada en la sociedad de que el alcohol se ha convertido en todo un modo de vida de la juventud. Con estos puntos de partida y como mantra la frase que inicia este texto, pronunciada por Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, ayer se dio luz verde al informe que sienta las bases de la futura Ley del Alcohol.

«El Gobierno se hará eco y recogerá la totalidad del informe», aseguró la diputada popular, en referencia al futuro texto legal, que queda ahora en el alero del Ministerio de Sanidad, el ente que debe redactarlo, para después aprobarse la ley en una nueva sesión parlamentaria. Hubo prácticamente unanimidad en la primera toma de contacto, con 34 votos a favor, 2 abstenciones (PNV y ERC) y ningún voto en contra.

Uno de los aspectos del informe de expertos, del que ya informó LAS PROVINCIAS la semana pasada, es la utilización de alcoholímetros en zonas de práctica de botellón para comprobar que los adolescentes han ingerido alcohol, mediante controles callejeros en las zonas con esta problemática.

Una de las medidas más polémicas es la de imponer sanciones económicas a los progenitores de los menores que reincidan en la ingesta, iniciativa contestada ya por las asociaciones de padres de alumnos o la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que pide un plan más amplio. La presidenta de la comisión incidió en que el texto aprobado no concreta cuáles deben ser las multas para los padres, sólo pide que sean «proporcionadas y equilibradas».

El informe también añade que las sanciones que recoja la ley puedan en cualquier caso ser sustituidas por «actuaciones terapéuticas, formativas y de intervención social, en las que participen los menores, sus tutores y representantes legales». Algunos grupos como Marea (que también votó a favor, con una unanimidad casi inédita) abogaron por que las sanciones «deben ser impuestas más a los que obtienen beneficios que a las familias y menores».

En este ámbito, la ley contemplará también medidas tremendamente severas para los propios locales, como es la clausura del establecimiento en caso venta reincidente a adolescentes, o muy contundentes incluso hacia los propios progenitores, sin descartar la aplicación penal de protección de la Ley del Menor, que contempla hasta la pérdida de custodia de los progenitores en casos de extrema gravedad.