Plurilingüismo por la vía rápida

La nueva ley de plurilingüismo que fijará el uso de las lenguas oficiales en los colegios públicos y concertados avanza a toda prisa en Les Corts. La previsión es que a mediados de febrero esté aprobada, y aún así, los plazos serán más que justos para que los centros se adapten, teniendo en cuenta que el curso que viene empezará a aplicarse en Infantil y 1º y 2º de Primaria.

La premura ha sido criticada por los partidos de la oposición, que de hecho pidieron más tiempo para poder presentar enmiendas al articulado en la última Junta de Síndics, opción que rechazaron las formaciones del Botánico. «El 8 de enero tuvimos la sesión de participación, con ocho comparecientes. Queríamos tiempo para poder estudiar sus propuestas de cara a la elaboración de enmiendas, e incluso para sentarnos con ellos para debatirlas, pero ha sido imposible. Tienen prisa por sacar adelante la ley», critica Mercedes Ventura, de Ciudadanos, que pidió 15 días adicionales. Finalmente el último será mañana.

«Reducen los plazos todo lo posible, lo que dificulta muchísimo el consenso para una de las leyes más importantes en cuestiones de educación», añade Beatriz Gascó, diputada del PP, que reclamó ocho jornadas más. También recuerda que la tramitación de la norma se ha realizado por la vía de urgencia, lo que significa que los plazos que habitualmente sigue una proposición de ley se han reducido a la mitad.

«El día de las comparecencias todos los intervinientes se quejaron de la falta de participación», recuerda Gascó, una idea que más allá de sus diferencias han suscrito todas las confederaciones de Ampas de la Comunitat, así como sindicatos docentes tan alejados ideológicamente como Anpe o el Stepv.

En aquella jornada se produjo algo llamativo. Se presentaron cerca de 90 peticiones para comparecer ante los diputados para presentar ideas, valoraciones o mejoras, pero sólo participaron ocho: cuatro entidades claramente contrarias a la política del Consell, tres favorables -con matices- a la proposición y una, la del representante del alumnado, que fue la más equidistante. Si se tiene en cuenta que cada grupo podía elegir tres intervinientes, lo que arrojaría 15 en total, queda claro que los partidos del Botánico no agotaron sus opciones. Quizá porque habría supuesto alargar algo la tramitación.

Más allá de las críticas a la falta de participación, cualquier entidad o particular ha podido presentar sus aportaciones a los grupos parlamentarios para que valoren la posibilidad de convertirlas en enmiendas. Esto significa que todo queda en el ámbito político, fuera de los foros de negociación educativos. Las confederaciones de Ampas (Gonzalo Anaya, Covapa y Concapa), así como los alumnos, han reclamado que el borrador de la ley pase por la Mesa de Padres o el Consejo Escolar para poder pulirlo. También ha habido peticiones sindicales similares.

Los centros deben adaptar sus proyectos lingüísticos a la ley, tras su aprobación, antes de la admisión, para que los padres sepan a qué atenerse a la hora de elegir. Además de modificarlo, debe someterse al criterio del consejo escolar y ser aprobado por Educación. Si el Botánico no llega a tiempo, agotará la legislatura con el modelo del PP.