Los tropiezos de Montón con la Justicia

La gestión sanitaria del Consell, en manos de la consellera Carmen Montón, ha tenido varios tropiezos judiciales. Iniciativas de referencia como la retirada del copago, la universalización de la sanidad, la jubilación forzosa, el reparto de medicinas a residencias y el proceso de reversión de los hospitales públicos de gestión privada se han visto cuestionados -en dos años y nueve meses de gobierno- hasta llegar a los tribunales.

La reversión de hospitales públicos de gestión privada a la gestión directa ha desencadenado numerosas reacciones en distintas direcciones y en varios escenarios. En el contexto de ese proceso, la semana pasada se ha conocido el archivo de la causa por el presunto cobro de comisiones por la central de compras B2B, perteneciente a la empresa Ribera Salud, que es la concesionaria de varios de estos hospitales. La investigación se abrió a partir de una denuncia sindical basada en un anónimo que se trasladó a la Policía Nacional. En esa causa se personó la Abogacía de la Generalitat, que tras conocerse el sobreseimiento, estudia la posibilidad de recurrir.

Desde que se dieron los primeros pasos, Ribera Salud ha iniciado varias acciones ante los tribunales tratando de impedir la decisión de no prorrogar el contrato del Hospital de Alzira, cuya reversión legará el 1 de abril. Sanidad aseguró ayer que hay nueve resoluciones que han desestimado los procedimientos planteados por la empresa, cuatro relativas a la no prórroga del contrato y cinco a las normas de reversión.

Sin embargo, otras fuentes cercanas al proceso, apuntan que si bien la firma ha visto truncadas sus aspiraciones en las peticiones de medidas cautelares, todavía laten en sede judicial recursos relativos a la reversión cuya resolución podría llegar incluso después del 1 de abril.

Lo que de estas cuestiones pueda derivarse está por ver, pero hay otras propuestas del departamento de Carmen Montón que ya han conocido el criterio de los tribunales, que si no ha llevado a paralizar las iniciativas sí ha abocado a la Generalitat a cambiar la manera de proceder o a interponer recurso.

La revisión de los acontecimientos descubre que el Tribunal Constitucional anuló el decreto con el que se extendía la atención a los extranjeros en situación irregular. La resolución llevó tanto a Montón como al presidente del Consell, Ximo Puig, a manifestar en diciembre que seguirían trabajando para garantizar esa atención. Optaron por recurrir a una instrucción y valorar otro posible decreto.

La retirada del copago se encontró en julio con una sentencia del TSJCV que lo anulaba y llevó a Sanidad a interponer recurso. Una denuncia por presuntas facturas falsas en el Hospital Provincial de Castellón, que Montón dio a conocer en rueda de prensa, se archivó. El Supremo, también en diciembre, anuló el decreto de jubilación forzosa y ahora la conselleria se encuentra con una suspensión cautelar sobre el plan de reparto de medicinas a residencias.

Proyectos anunciados en el territorio de la asistencia sanitaria han recorrido salas del TSJCV, elSupremo y el Constitucional

Entre las iniciativas más sonadas del actual Consell en gestión sanitaria se encuentra la reversión de los hospitales de concesión -modelo Alzira- a la gestión pública directa. Con el anuncio de esta iniciativa, Ribera Salud -concesionaria de varios hospitales- se convirtió en centro de miradas dando lugar a acciones en sede judicial desde distintas vertientes. En paralelo a ese debate, se abrió un procedimiento penal a raíz de una denuncia sindical basada en un anónimo que se comunicó a la Policía Nacional. En el escrito se acusaba a la central de compras B2B, entidad perteneciente a la concesionaria, de un presunto cobro de comisiones a proveedores de prótesis. Tras la remisión del expediente a un juzgado, la Abogacía de la Generalitat se personó como acusación en la causa que la semana pasada se ha archivado provisionalmente. No obstante, tras conocerse el sobreseimiento por parte del instructor, desde Presidencia de la Generalitat confirmaron que la abogacía estaba estudiando el auto para decidir si presentaba un recurso para reabrir las pesquisas.

El plan de reparto de medicinas a las residencias que hace un año presentó Sanidad se encontró con un obstáculo. El Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales suspendió -hace unos días- de manera cautelar la licitación del servicio de preparación de unidosis y su distribución a los centros de asistencia social sociosanitarios. El Colegio de Farmacéuticos presentó el recurso contra la licitación de la plataforma logística para la preparación de las dosis personificadas fuera de la farmacia al considerar que infringía la normativa. Con la resolución la medida queda paralizada de forma cautelar hasta que el órgano se pronuncie sobre el fondo del recurso. Sanidad señaló que la presentación y admisión a trámite de recurso ante el tribunal «conlleva, de oficio, la suspensión cautelar». El plan podría encontrar otro obstáculo, pues los farmacéuticos no descartan acudir al TC.

Una de las medidas que en el ámbito de la gestión sanitaria del Consell se han presentado como éxitos ha sido la extensión de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Nada más llegar al Consell, en 2015, se aprobó el decreto de universalización de la sanidad que dos años después el Tribunal Constitucional (TC) frenó al admitir el recurso del Estado. En diciembre se conoció que el TC declaraba la nulidad del decreto al interpretar que la norma valenciana se extralimitaba en las competencias atribuidas al Consell invadiendo las del Estado. La respuesta de la Generalitat fue seguir adelante con la medida apoyándose en una instrucción previa que sigue vigente.

La jubilación forzosa del personal sanitario a los 65 años dio pie a una resolución del Tribunal Supremo (TS). El recurso de casación del departamento de Montón contra una sentencia de 26 de febrero de 2016 del TSJCV se encontró con el rechazo del alto tribunal, con la anulación del decreto de la Generalitat que obligaba al personal sanitario a jubilarse de manera forzosa. El decreto se aprobó en 2014 y al mismo siguió el recurso del CSIF que el sindicato ganó en 2016 ante el TSJ desencadenando que Sanidad acudiera en casación al TS. Vista la resolución, el departamento de Montón explicó que estudiaría la implicación que podría derivarse y apuntó que se estaban aceptando casi todas las peticiones de prórroga más allá de los 65 años. Mencionaron que la situación se resolvería con el decreto del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, pendiente de publicación desde marzo de 2017.

La denuncia por presuntas facturas falsas del Hospital Provincial de Castellón es uno de los tropiezos que ha tenido que encajar la titular de Sanidad. La Fiscalía de Castellón dio carpetazo a una investigación derivada de la denuncia por supuestas irregularidades en la facturación del centro entre 2003 y 2015 porque consideró que había «irregularidades administrativas y contables pero no delitos». Fue la consellera quien en una rueda de prensa en junio de 2016, hizo pública la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de 4.713 facturas presuntamente irregulares. Montón dijo que las facturas podían ser «constitutivas de varios delitos». Año y medio después, la Fiscalía consideró que las irregularidades investigadas podían obedecer «más a una mala gestión de los fondos o a la insuficiencia de los mismos». Descartó prevaricación o malversación. Advirtió de que no basta «la mera ilegalidad, la mera contradicción de un acto para que aquella o esta sean constitutivos de delito». Al referir la auditoría de 2016, señaló que «algunas prácticas irregulares» se mantienen.

Los decretos del gobierno valenciano para eliminar el copago de las medicinas y los productos ortoprotésicos se encontraron el pasado julio con una sentencia del TSJCV que los anulaba. La Abogacía del Estado recurrió contra ambos y solicitó la nulidad al entender que al amparo del ejercicio de una competencia autonómica -atención a personas en situación de desamparo- se pretendía dejar sin efecto la norma estatal que regula el copago farmacéutico y ortoprotésico, «lo cual implica una desviación de poder». La Generalitat recurrió la decisión del TSJ y pasó a financiar los productos por la fórmula de subvención. Sanidad consideró que la sentencia se refería al decreto de ayudas de 2016. Así, tras conocerse el pronunciamiento del tribunal, la consellera anunció que en 2018 estaría contemplada la ayuda en los presupuestos y lanzó un mensaje de «tranquilidad» apuntando que las ayudas en esta materia se iban a mantener. De hecho, se ha seguido aplicando la retirada del copago, que implica que los beneficiarios no pagan nada por sus medicinas.