La Audiencia abre la puerta a que 347.000 accionistas de Bankia reclamen ya su dinero

La Audiencia de Valencia acaba de reconocer el derecho de un accionista de Bankia a reclamar por la vía civil la devolución de su dinero sin necesidad de esperar a que la Audiencia Nacional determine si sus antiguos responsables cometieron delito en su salida a Bolsa. En un auto dictado el pasado día 1 -sólo cuatro días antes de que trascendiera el informe pericial que acredita que el banco falseó sus cuentas ante su salida al parqué-, los magistrados del tribunal valenciano abren la puerta a que los más de 347.000 pequeños inversores que compraron títulos soliciten ya el reembolso de lo invertido en verano de 2011.

La Audiencia de Valencia es la primera en España que estima el recurso de apelación contra una resolución de un juzgado de primera instancia que desestimaba la demanda de un pequeño accionista para que se declarase nulo el contrato de suscripción de los títulos. De este modo, el tribunal valenciano marca la senda al resto de audiencias provinciales sobre cómo resolver los recursos de apelación que llegan desde los diferentes juzgados de primera instancia.

Según destacó ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, existen miles de demandas de este tipo en toda España que Bankia ha tratado de paralizar hasta que se resuelva por sentencia firme el procedimiento que ahora investiga la Audiencia Nacional sobre la supuesta falsedad de los documentos facilitados a los accionistas en el momento en que el banco salió a Bolsa.

A juicio de la entidad financiera, las causas civiles no debían prosperar al existir un procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional sobre los mismos hechos, es decir, la supuesta manipulación de la documentación sobre el estado real del banco.

En el caso concreto de la demanda sobre la que la Audiencia de Valencia acaba de estimar el recurso de apelación, Bankia alude a que la eventual falsedad de los estados financieros y la información contable utilizados son un «presupuesto esencial e ineludible» para poder determinar la nulidad de la suscripción que solicitaba el inversor.

Al alegar «prejudicialidad penal» para tumbar las demandas civiles, Bankia trata de ganar tiempo, ya que es probable que el macroproceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra los exresponsables de Bankia por falsedad de cuentas y administración desleal se extienda durante años. Pero, sobre todo, intenta evitar un aluvión de reclamaciones civiles que, de prosperar, tendrían un notable impacto sobre sus estados financieros por el volumen de devoluciones al que se enfrenta. En su salida a Bolsa, Bankia captó 3.092 millones de euros.

Así las cosas, la importancia del auto que acaba de dictar la Audiencia de Valencia reside en que allana el camino para que los jueces puedan determinar ya en primera instancia si los inversores fueron engañados por el banco y, por tanto, tienen derecho a reclamar que se le devuelva lo invertido.

El motivo es que, según los magistrados del tribunal valenciano, ya no es necesario esperar a que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre si los administradores de Bankia cometieron un delito porque el falseamiento de la documentación que se puso a disposición de los inversores ya podría acreditarse a la vista del devenir de la entidad, que tuvo que ser rescatada con una inyección de más de 23.400 millones de euros cuando aún no hacía ni un año que sus títulos habían comenzado a cotizar. «El dolo civil no exige que la conducta sea constitutiva de infracción penal», subrayan los jueces en el auto.

Aún así, según los magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Valencia, los documentos aportados por el denunciante -cuentas de la entidad que antes de la salida a Bolsa que arrojaban 309 millones de beneficio que se transformaron en casi 3.000 de pérdidas tras ser reformuladas- y la posible falsedad de estos «no se consideran decisivos para resolver sobre el fondo del asunto». Según los magistrados, a la vista de los sucesos posteriores a la salida a Bolsa -como la mencionada reformulación de cuentas o la intervención del Banco de Valencia, filial de Bankia- resulta «notorio» que sin necesidad de ellos se puede acreditar que la imagen de solvencia que Bankia proyectó cuando efectuó su oferta de suscripción de acciones y su salida a Bolsa en julio de 2011 «no era correcta y no reflejaba su verdadera situación económica».

«Realidad social»

En ese sentido, los magistrados recogen en su auto las palabras que el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, pronunció el día de su estreno en el parqué, cuando se refirió a su banco como una «referencia del sector bancario español», destacó su papel de «liderazgo en la banca universal española» o sus referencias a la «gestión rigurosa de riesgos», así como la capacidad del banco para generar «valor para nuestros nuevos accionistas». Apenas un año después, las acciones de Bankia, que se comercializaron a 3,75 euros, cotizaban a 0,67, un 80% menos.

Así las cosas, para los magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Valencia, para determinar si la imagen de solvencia que la entidad financiera ofrecía en verano de 2011 no se correspondía con la realidad «no es preciso que exista un previo pronunciamiento penal que determine que ello fue constitutivo de delito y que ello se debió única y exclusivamente por la falsedad de las cuentas del primer semestre de 2011».

El auto tampoco pasa por alto que, de aceptar el criterio de Bankia para frenar los procedimientos por vía civil, se estaría perjudicando a los afectados, quienes tardarían mucho más en ver resueltas sus demandas. «Aceptar la suspensión que pretende Bankia equivaldría a dictar una resolución desconectada de la realidad social», argumentan.

Los magistrados aseguran que esperar al fallo de la Audiencia Nacional dificultaría la pronta resolución «de este caso y de otros muchos» accionistas que invirtieron en Bankia, ya que prevé una larga y compleja tramitación de la causa penal.

El criterio de los magistrados sobre los indicios de falsedad en las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa encaja de pleno con el informe pericial que se ha conocido esta semana sobre el maquillaje contable que los exresponsables de la entidad practicaron para ocultar sus problemas.

Al consejo de administración de Rodrigo Rato se le atribuye la responsabilidad de inflar artificialmente los recursos propios con 544,50 millones de euros y el patrimonio neto antes de que la entidad debutara en el parqué en julio de 2011. Un año más tarde, manipularía las cuentas para ocultar pérdidas extra de 2.083,20 millones.