El juez imputa al abogado del Estado que también cobró sobresueldos del Puerto

El titular del juzgado de Instrucción 14 de Valencia ha imputado al abogado del Estado Fernando Llopis por el cobro de sobresueldos a través de Valenciaport, una fundación que recibe una importante inyección de fondos públicos. Llopis, secretario general del Consejo de Administración, ha sido citado para el próximo 19 de diciembre para que conozca las actuaciones que se tramitan en el órgano judicial. No obstante, la providencia, notificada recientemente a las partes, adelanta que posteriormente se le tomará declaración como imputado. De momento, no hay fecha para esta comparecencia.

El abogado del Estado fue señalado por los otros cuatro imputados, entre ellos Rafael Aznar, a lo largo de sus declaraciones. Todos, con mayor o menor énfasis, culparon al profesional por no advertirles de que era ilegal cobrar dos sueldos de fondos públicos. Los denunciados percibieron sus nóminas de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), pero también ingresos procedentes de Valencia Plataforma Intermodal, una empresa deficitaria y que, además, recibe el 98% de sus fondos de la propia APV.

Llopis también cobró sobresueldos, algo más de 20.000 euros, a lo largo de diferentes ejercicios. Sin embargo, existe una diferencia fundamental respecto a los otros denunciados. En su caso, podría haber solicitado un permiso para percibir estas cantidades y quizá -no lo hizo- hubiera recibido el visto bueno. Así, su actuación podría encuadrarse más en una irregularidad administrativa. Diferente es la situación para los otros investigados. Ellos no tenían esta posibilidad. El abogado del Estado tendrá que aclarar en sede judicial si es cierto que no advirtió a los otros investigados de que el cobro de las citadas cantidades era ilegal. Algunas fuentes apuntaron en su día que fue el primero de los afectados en devolver el dinero.

Tras las declaraciones de la pasada semana, los letrados han empezado a solicitar el archivo de las actuaciones contra sus representados. Consideran que no hay indicios de una actuación delictiva. Así lo ha hecho uno de los directivos denunciados y el trabajador de las instalaciones. En breve, está previsto que también lo solicite el abogado de Aznar, que ultima durante estos días su escrito para lograr un sobreseimiento.

Piezas separadas

No es la única novedad judicial en la instrucción del juzgado número 14. El juez ha acordado la división del procedimiento en dos piezas. Por un lado, se investigará el cobro de sobresueldos a través de Valencia Plataforma Intermodal. En este asunto están implicados todos los denunciados hasta la fecha.

La otra rama de las pesquisas abordaría la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia. Esta cuestión afectaría únicamente al presidente Rafael Aznar. La fiscalía denunció diferentes irregularidades en su etapa al frente del organismo. Entre ellas, gastos desorbitados como la compra de un yate para la Copa América o diferentes subvenciones a entidades y organismos sin relación aparente con la APV.

También se analiza el cobro de una indemnización por vivienda sin que recibiera autorización para ello o la adjudicación de una obra a MSC sin seguir los criterios públicos de contratación. En la misma pieza, además, quedarán agrupados los gastos en catering durante la celebración de la Fórmula 1 en Valencia así como la construcción de un puente que Valmor, en teoría, iba a abonar con una sustancial rebaja en el coste inicial.