Rafael Aznar, destituido de sus cargos en el Puerto hasta que resuelva su futuro judicial

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha anunciado su decisión de «dejar en suspenso de sus funciones en el área internacional» a Rafael Aznar, expresidente de la institución y recuperado por su actual sucesor, Aurelio Martínez. La intención es que pase a realizar «las funciones propias de su categoría profesional» en el puerto, del que es funcionario, hasta «la resolución final del procedimiento judicial».

El pasado viernes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, manifestó su rechazo tras el pleno del gobierno valenciano a que Aznar ejerciera «una responsabilidad relevante», estando procesado. La investigación actualmente abierta sobre la Autoridad Portuaria de Valencia se dividió hace más de un año en dos piezas. Por un lado, sobre el cobro de sobresueldos por parte del expresidente y otros directivos y, por otra parte, la gestión más directa de Aznar en el organismo, entre la que se encuentra la compra de una embarcación de 28 metros de eslora, con capacidad para 50 personas y que costó 4,1 millones y generaba un gasto de mantenimiento de otros 400.000 euros anuales.

En esta investigación que ahora ha tomado fuerza, el fiscal está repitiendo el mismo método que empleó hace unos meses para aclarar otras de las actuaciones bajo la lupa de Anticorrupción: la demolición del tacón de un muelle. El trabajo del experto designado por Fomento -en este caso un ingeniero de caminos- reveló la falta de justificación de 1, 5 millones en esta obra.

Al respecto, hay que recordar que la Autoridad Portuaria de Valencia adelantó 3,5 millones de euros a MSC a quien se le adjudicó la obra sin concurso. En su declaración, Aznar explicó que se trataba de una inversión prevista y que se le dio a la mercantil porque estaba realizando una actuación de mayor envergadura en la zona. Precisó que el Consejo de Administración aprobó el procedimiento. La intervención finalmente terminó en manos de la constructora Cyes.

Las conclusiones del informe, llevaron a Anticorrupción a solicitar al Puerto quiénes eran los responsables de controlar ese proyecto. La institución informó que además del propio Aznar, también figuraría entre las obligaciones del director general de la APV, Ramón Gómez Ferrer y el ingeniero Marcelo Burgos, entonces responsable de obra civil. También se investiga la obra del acceso alternativo al puerto, realizada para las carreras de Fórmula 1 y parte de cuyo coste se perdonó a Valmor. Además, del encargo del plan estratégico a una empresa en la que trabajaba una hija suya.