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Á. M.
Jueves, 14 de abril 2016, 20:59
La fundación a través de la que el sindicato CC OO en la Comunitat gestiona e imparte los cursos de formación que convoca el Estado y la Generalitat no puede mantener su estructura actual. Esta es la conclusión a la que han llegado los responsables de la organización que lidera Paco Molina. «Tenemos la mejor red de formación, pero cada año se oferta menos, con peores condiciones y no se puede sostener a la gente sin actividad», reconocía Molina recientemente en una entrevista a LAS PROVINCIAS.
Esta es la razón por la que, después de sucesivas medidas de ajuste, la organización ha tenido que iniciar las negociaciones para un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción. Como ha confirmado el sindicato a este diario, la propuesta pasa por una rebaja del 81% de la plantilla, pasando de 43 a ocho trabajadores.
Aunque la secretaria de Empleo y Formación de la organización, Ana García, advierte que es una propuesta inicial que se puede ir transformando por medio de la negociación, lo cierto es que los recortes estatales en este tipo de ayudas han convertido en inviable esta fundación tal y como actuaba hasta ahora.
Constituida en 1990, la Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera (Forem) se define como una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, promovida por la Confederación Sindical de CCOO, para la promoción y la gestión de la orientación y la formación para el empleo en toda España y con entidades específicas repartidas por las comunidades autónomas.
Antes de la crisis, la fundación en la Comunitat llegó a gestionar un presupuesto muy superior al del propio sindicato, con una plantilla de más de un centenar de empleados destinados a gestionar las ayudas y a impartir los cursos. Igualmente, llegó a disponer de tres centros en Valencia, Ontinyent y Elche, de los que sólo permanece uno con actividad. Según García, el pasado 2015 la fundación se quedó prácticamente sin cursos, al no convocarse desde el Estado ni reclamarse desde la Generalitat el dinero que correspondía.
A diferencia de otras subvenciones o actividades públicas, la formación que imparten las administraciones a través de los sindicatos, las patronales y los centros de formación concertados se financia del porcentaje que se toma de las nóminas de los trabajadores. En el caso de no aprovecharse esta cantidad finalista, el Ministerio de Trabajo redirecciona el sobrante a 'la caja única', que permite el pago de otros conceptos que no tienen porqué ver con su destino originario, según García.
Esto es lo que ha pasado con los fondos de 2015, lo que se suma a la falta de convocatoria de cursos que se está produciendo en 2016 y que puede llevar a una situación similar. En el caso valenciano, la formación ha dado distintos quebraderos de cabeza a los agentes sociales, bien por las circunstancias actuales como por los impagos en los que incurría la Generalitat en los últimos años. Esta situación llevó a que organizaciones como la patronal valenciana CEV renunciara a impartirlos, por no tener suficiente capacidad para pagar por adelantado su coste.
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