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I. HERRERO
Viernes, 13 de mayo 2016, 00:05
El hecho, de por sí chocante, de que la Conselleria de Economía tumbe la restricción de aperturas al mes de haber autorizado el cierre en Valencia, tiene además una derivada política de consecuencias aún por determinar. El mestizaje impulsado por los socios del Gobierno valenciano, por el que en cada conselleria conviven representantes de PSPV y Compromís, ha desembocado en una guerra abierta en el seno de Economía a raíz de los horarios comerciales.
Como publicó este periódico, este tema había dificultado la convivencia en Economía, pero ayer saltó por los aires tras conocerse las resoluciones de Valencia y Alicante.
La secretaria autonómica María José Mira, que concurrió con el PSPV como independiente y a quien competía responder a los recursos, recalca a LAS PROVINCIAS que ella firmó «lo que había propuesto el gabinete de la Conselleria, acorde al informe de la Abogacía».
«En ningún momento se me ha planteado firmar otra cosa. Hoy se me han enviado los informes de la Dirección General y la propuesta de resolución, ni he pedido cambiar nada ni ha sido mi voluntad», sentencia Mira, a la que el director general de Comercio, Natxo Costa, acusa de actuar «según su opinión personal, en contra tanto del criterio del Consell como del Pacto del Botánico», y de «disfrazarlo de legalidad mediante un informe que no era preceptivo ni vinculante», el de la Abogacía, que tanto él como Climent le aconsejaron desoír.
Avanza que, en la próxima comisión de seguimiento, pedirá que «se clarifique en función de qué criterios deben actuar los altos cargos, si los personales o los del pacto, y se explique la actuación de Mira».
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