El Gobierno se niega a «enterrar más fondos» y se enfrenta al Consell por Parc Sagunt

El futuro de Parc Sagunt ha abierto un nuevo frente entre el Consell y el Gobierno central, a cuenta de los cerca de nueve millones de euros necesarios para acabar este parque empresarial, llamado a ser «uno de los más importantes de Europa», e impulsar la comercialización de un millón de metros cuadrados que lleva más de un lustro parada. Este espacio está promovido por una sociedad participada al 50% por la Generalitat y por el Estado, a través de la mercantil Sepides -que tiene como accionista único a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda-.

A finales de mayo, el conseller de Economía, Rafael Climent, celebró haber «conseguido desbloquear» este proyecto, después de que el Ivace aprobase capitalizar la sociedad con 9,7 millones y el IVF accediese a conceder un préstamo de 400.000 euros para gastos de estructura, pero a esa operación le faltaba una tercera pata: un crédito de 9,3 millones de euros a cargo de Sepides, que el miércoles informó al Consejo de Administración de que no habría préstamo.

Como publicó LAS PROVINCIAS, desde la Generalitat se acusó a la sociedad estatal de no conceder el préstamo «al que se había comprometido», pese a que el Gobierno valenciano acudió «con los deberes hechos» y habiendo cumplido «todas las condiciones impuestas», en lo que Climent interpretó como una nueva muestra de la «falta de compromiso con la Comunitat» del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

El Ejecutivo estatal respondió horas después con dos comunicados: uno de la SEPI, en el que desmentía haber adquirido compromiso alguno con la Conselleria de Economía para acabar las obras de Parc Sagunt y negaba todo contacto con el departamento de Climent, y otro a través de Sepides, en el que justificaba que descartó conceder ese crédito de 9,3 millones porque «existe un alto riesgo de seguir enterrando fondos públicos en una compañía en la que, desde hace diez años, no ha existido actividad comercial y que ha demostrado su incapacidad para hacer del parque una realidad empresarial e industrial».

En su escrito, Sepides reivindica que ya ha inyectado 14,5 millones vía préstamos, «2,2 millones por encima de las instituciones valencianas, sin que se tenga una mínima expectativa de la posibilidad de retorno», y que, en vista de que esa vía no ha resuelto los problemas y también del «estrangulamiento financiero» actual, conviene acudir a mecanismos financieros alternativos que no supongan coste ni computen a efectos de endeudamiento.

Desde la sociedad estatal acusan a la Generalitat de haber rechazado las alternativas al crédito que plantearon: realizar una ampliación de capital bien paritaria o bien en solitario de Sepides o comprar la parcela adjudicada a Ros Casares en 2007.

Ese terreno, que salió a la venta por 24 millones, es el mismo que la Autoridad Portuaria de Valencia quería cambiar por el que adquirió en 2011, más pequeño y peor situado, permuta que se perfila ahora como la solución preferida por el Consell para dar viabilidad al parque.

Riesgo de preconcurso

Sepides también cargó el miércoles contra esa operación, propuesta a finales de año por la APV y que, a su juicio, «podría provocar un quebranto patrimonial» a Parc Sagunt, al entender que saldría perdiendo con el cambio. Desde Economía, no obstante, negaron esa posibilidad y aseguraron a este diario que, de confirmarse la oferta del Puerto de Valencia, la permuta se realizaría por el mismo número de metros que la parcela propiedad de la APV. Además, defienden que los ingresos de la venta de esa parcela al Puerto «aliviarían la situación de riesgo de preconcurso a la que se enfrenta el Parc Sagunt» y permitirían acabar el parque y sostenerlo económicamente.

Climent afeó el miércoles a Sepides que «prefiere dejar caer Parc Sagunt» y acusó nuevamente al Gobierno central de exhibir una «absoluta falta de sensibilidad con los valencianos». Pese a la justificación de la mercantil estatal, el conseller volvió a exigir al Ejecutivo de Rajoy «explicaciones claras» sobre las razones que le llevaron a denegar la financiación «comprometida previamente».