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E. RODRÍGUEZ
Martes, 5 de julio 2016, 00:49
valencia. La juez de instrucción número 1 de Quart de Poblet (Valencia) ha archivado la causa por presunta malversación de fondos en Umivale, que fue denunciada en 2014 y señalaba directamente a la gestión del presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, que fue dirigente de la mutua hasta que en 2012 dejó el cargo de manera repentina. También figuraban como imputados la directora general en Umivale Prevención, Pilar Soriano, y el director gerente de la asociación, Héctor Blasco.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por dos extrabajadores y un exproveedor que sostenían que, durante la presidencia de Morata, se destinó dinero público desde la mutua a Umivale-Prevención, sociedad de carácter privado que se escindió de ella en 2005.
La magistrada, que decretó el sobreseimiento del procedimiento el pasado 1 de julio, fundamentó la decisión en que «no es posible sostener la existencia de indicios racionales sobre la comisión de delito alguno». En concreto, la juez señala que no hay indicios de la inversión de mobiliario, de material médico ni pago de facturas a costa de Umivale, ni tampoco ve más indicios que permitan justificar una «defraudación a la Seguridad Social, de malversación de fondos o medios públicos o delito societario». Por este motivo, remite las actuaciones a la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Valencia a los fines administrativo-sancionadores, de acuerdo con la petición del fiscal.
Desde Umivale, que recuerda que el Ministerio Fiscal había solicitado un mes antes el sobreseimiento de la causa por no considerar acreditados los hechos denunciados, manifestaron ayer que «este auto pone fin a una situación injusta». «No queremos olvidar el daño que esta denuncia ha ocasionado a la reputación de las personas implicadas como a la propia entidad», señaló la sociedad mutualista en un comunicado.
Los denunciantes del presunto fraude aseguraban que Umivale desvió recursos materiales y humanos, mediante el pago de comisiones a corredores de seguro, la realización de cursos de formación y otras fórmulas a Umivale-Prevención. Asimismo, también denunciaban la existencia de conciertos con clínicas privadas a las que habría puesto a su disposición caudales públicos. Además, alegaban que Umivale atendía a empleados de grandes empresas no solo por accidentes de trabajo, sino por cualquier motivo de salud, y que esas asistencias no eran facturadas a la sanidad pública para eludir el control de la Seguridad Social. Otra de las actuaciones denunciadas fue que la mutua habría asumido los costes de una intervención de cirugía estética de José Vicente Morata.
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