Los economistas piden más gasto público tras el estancamiento por la inestabilidad política

«No se pueden tomar ciertas decisiones de índole económica cuando el marco no está claro». Con esas palabras resumió ayer el decano de los economistas de Valencia, Juan Manuel Pérez Mira, la ralentización y el estancamiento que ha sufrido la economía española por la inestabilidad política e institucional de los últimos meses. Para los economistas de la Comunitat, la incertidumbre imperante desde las elecciones de diciembre ha lastrado el crecimiento económico. Si bien la encuesta realizada hace un año entre los colegiados reflejaba un repunte en las expectativas económicas, la llevada a cabo antes de la última cita con las urnas muestra un estancamiento de su percepción del crecimiento español y valenciano.

Los 872 economistas consultados suspenden tanto a la economía nacional, con un 4,88 sobre 10, como a la valenciana, con un 4,42. De hecho, ambas notas descienden respecto a marzo, cuando esa inestabilidad ya hizo mella en la confianza de los encuestados, que rompieron la tendencia ascendente iniciada en 2013 al bajar las dos calificaciones.

El 51,95% de estos profesionales considera que la situación económica de la Comunitat sigue igual que hace un año, mientras que para el 26,03% ha mejorado, tres puntos menos que en marzo y ocho menos que en diciembre, y el 21,22% cree que se ha deteriorado en este periodo, tres puntos más que en marzo y siete en relación a diciembre. A preguntas de los periodistas, el decano de Alicante, Francisco Menargues, consideró «atrevido» vincular la peor calificación de la economía valenciana con la acción de gobierno del Consell dado que, desde 1999, siempre ha estado por detrás de la percepción de la economía española. Su homólogo de Castellón, Jaime Querol, apuntó al déficit de infraestructuras como la posible causa que lastra la visión de la economía valenciana, en relación con la española, pese a liderar el crecimiento nacional, la exportación o el turismo.

Nuevo gobierno

De cara al próximo semestre los economistas prevén mejoras, fundamentalmente por la convicción de que los últimos comicios darán paso a un nuevo gobierno, y al final de la incertidumbre, y otorgan un 4,98 a la economía española que la acerca al aprobado (5,09) que cosechó en diciembre, el único en los 17 años de la encuesta, y un 4,56 a la economía la Comunitat. Además, la mayoría de los encuestados antepone la necesidad de crecer a la reducción de la deuda pública y, preguntados por el punto de equilibrio entre las medidas de austeridad y las políticas expansivas, se inclinan hacia las medidas de estímulo a la economía, aunque «sin descuidar el déficit público». Así, reclaman que «el Estado vuelva a inyectar gasto público en la economía, pero preservando la consolidación fiscal».

El paro sigue siendo el problema que más preocupa a este colectivo, muy por encima de la inadecuada dimensión y estructura de las empresas y de la evolución de la demanda. En Alicante, también cobra fuerza la inquietud por la escasez en el abastecimiento de agua.

En cuanto al corredor mediterráneo, la gran mayoría lo ve necesario y beneficioso para la Comunitat y se aprecia un sentir prácticamente unánime en las tres provincias acerca de que es «un factor clave tanto para dinamizar el sector industrial como para atraer inversiones extranjeras y potenciar el turismo».

Los economistas, que ultiman una consulta específica sobre el Brexit, también fueron preguntados por el tratamiento legal que merecen los negocios de economía colaborativa que conectan a los usuarios a través de internet. Para la mayoría, estas actividades permiten optimizar recursos y abaratar costes pero presentan problemas legales y a terceros, por lo que deben estar debidamente reguladas. Además de exigir mayor control ante su proliferación en el transporte o el alojamiento, los economistas abogan por prohibir las actividades que entrañan riesgos para las personas, por eludir seguros de viajeros, por ejemplo, o que sortean regulaciones que perjudican a otros sectores, aunque no faltan quienes advierten de que supondría «poner puertas al campo» porque los particulares siempre podrán llegar a acuerdos puntuales.