El 'mantra' de la ley de la cadena agroalimentaria

En un congreso sobre 'Competitividad, Competencia y Cadena Alimentaria' celebrado en la Facultad de Derecho de Valencia, el director de Asedas (patronal de supermercados), Ignacio García Magarzo, ha dicho que la nueva «ley de la cadena agroalimentaria es un mantra que han ideado los políticos», cuando, en su criterio, «la cadena comercial es muy eficiente, competitiva y equilibrada, porque además beneficia al productor».

Las siglas de Asedas corresponden a la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados y engloba a las principales firmas de este sector.

En el congreso participaron profesores y abogados especializados en Derecho Mercantil y en particular expertos en lo que representa la legislación novedosa sobre Competencia y equilibrio en la cadena agroalimentaria; representantes de la Administración, de la distribución comercial y de organizaciones profesionales agrarias.

José Francisco Sales, técnico de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) replicó a García Magarzo preguntándole «¿cómo se puede decir que la cadena es equilibrada cuando el resultado es que los agricultores son siempre el eslabón más débil y sufren precios cada vez más ruinosos?». A continuación reclamó «que se cumpla la ley, que actúe la Administración, porque por algo y para algo se habrá hecho esta ley que en teoría quiere procurar que el productor reciba la justa remuneración que le corresponde».

Tras la intervención del representante de AVA, el director de Asedas corrigió algo su rumbo para reconocer que seguramente no se había explicado bien, que a veces el mercado es injusto y que en ocasiones «el productor lo pasa mal».

Ramón Mampel, secretario general de La Unió de Llauradors, incidió en que «seguimos como siempre; el poder lo tiene la gran distribuidor, se hacen leyes que en apariencia pretenden defender las posiciones de los débiles, los agricultores y ganaderos, pero al final los poderosos le dan la vuelta a la situación y todo continúa igual, o de mal en peor para nosotros, los productores de alimentos con los que los demás ganan al recolectarlos, envasarlos, transportarlos, comercializarlos y distribuirlos para que los ciudadanos se alimenten; y todos tienen lo suyo menos quienes hemos producido la materia prima».

En tono de apreciable decepción, Mampel apeló a «pactar nuestra dignidad» y animó a «reflexionar sobre las causas que llevan a que cunda el desánimo en el medio rural; porque algo grave debe estar pasando cuando se abandonan los campos y los pueblos, estamos dejando de producir de todo y hasta se deslocalizan los cultivos». Añadió que «se debería sacar a los productos agrícolas de las reglas generales de Competencia, porque no sirve para defendernos cuando somos perjudicados y, en cambio, aún va contra nuestros intereses al no dejar ni siquiera que defendamos nuestros precios».

También señaló el secretario general de La Unió que «todos reconocen las veces que haga falta que hay serios desequilibrios, que el campo lo pasa mal, pero no le meten mano al asunto; hacen leyes, proclaman buenas intenciones, pero en la práctica no hay nada nuevo que sirva ni para esperanzarnos».

Un especialista en derecho mercantil advirtió esta diferencia de proceder: «Los agricultores protestan mucho, pero no acuden a los juzgados para defender su causa; en cambio la distribución comercial no protesta nada, es discreta, pero invierte en protegerse ante la opinión pública y las normativas». Mampel le dio la razón pero dijo que «no podemos pleitear porque no tenemos dinero para enfrentarnos a lobbies».

José Francisco Sales insistió en «que se investigue y se aplique la ley para evitar injusticias». Dirigiéndose a los representantes de la Generalitat preguntó: «¿En qué punto está la investigación sobre decenas de denuncias de ventas a pérdidas que hemos presentado?» Nadie respondió, por lo que reiteró: «¿Dónde está la Administración autonómica, competente en esta materia?»