La busqueda de viviendas sociales de alquiler enfrenta a los grupos políticos

La búsqueda de viviendas sociales para paliar el drama que están viviendo muchas familias, especialmente en el barrio de La Coma, volvió a enfrentar a los grupos políticos. El PP aprobó ayer finalmente pedir a la Generalitat la cesión de 11 viviendas en La Coma para repararlas y adjudicarlas a vecinos en riesgo de exclusión social.

La oposición señaló que el número es insuficiente, frente a las «200 que siguen vacías en el barrio» y reclamó más medidas de urgencia. El alcalde tachó de «contradictorio» que se considere «escasa» dicha actuación y «al mismo tiempo se opongan a otros proyectos de obtención de viviendas sociales», en relación a los 70 pisos de Sumpa (en proceso de liquidación) que el Ayuntamiento pretende convertir en viviendas de alquiler social. Son pisos vacíos que no se venden en el sector de Los Molinos.

Estas dos fincas acumulan una deuda de hasta 100.000 euros por impagos, dado el proceso concursal en el que se encuentra Sumpa. Los recibos pendientes de la firma están obligando a los vecinos que sí residen allí a tener que prescindir de servicios básicos como el «equipo antincendios», tal y como afirmó ayer Compromís.

El alcalde recordó que se trata de una sociedad mercantil, «como así entendió en su momento el juez». El Ayuntamiento «no puede asumir esa deuda. No le corresponde». También pesa sobre la entidad otra mayor de 40 millones de euros, que podrían «atribuir también al ayuntamiento». Por ello, se ha propuesto firmar un contrato con los bancos a los que irán a parar las viviendas para poder reconvertirlas y darlas a familias que lo necesitan.

El alcalde lamentó que el PSPV «se oponga a dicho convenio porque, según han argumentado, supondría un perjuicio para los actuales vecinos de la finca».

Una moción presentada por la Asociación de Vecinos y Entidades del barrio de La Coma, respaldada por todos los grupos, pidió a puesta en marcha del Plan de Normalización del Barrio que contempla un plan especial de rehabilitación de viviendas «para los hijos de La Coma y favoreciendo el empleo de vecinos del barrio en dichas labores». El presidente, Agustín de Miguel, también reclamó la reducción del precio del agua, una de las más caras de la población.