La Unió advierte de que sin dinero la ley de l'Horta será papel mojado

La Unió de Llauradors ha advertido de que si la ley de l'Horta no cuenta con una importante dotación de dinero «será papel mojado», por lo que podrían cumplirse los objetivos buscados de proteger este emblemático espacio agrícola valenciano.

La organización agraria está a favor de la normativa de protección de l'Horta que impulsa el Consell y que se encuentra en trámite parlamentario en Les Corts, aunque considera que «es manifiestamente mejorable», cosa que ya expresó en «las alegaciones y observaciones iniciales» al proyecto, así como en el Comité Económico y Social (CES), organismo en el que La Unió ostenta actualmente la representación que corresponde al sector agrario valenciano.

El principal postulado de La Unió en defensa de la necesidad de esta ley es que se trata «posiblemente, de una de las últimas oportunidades para salvar lo salvable de este espacio único». Sin embargo matiza que tal cosa sólo es factible «teniendo siempre en cuenta una actividad agraria profesional y rentable» Y reafirma: «Queremos una Huerta con labradores por encima de todo».

En un documento que fija su posición sobre la protección de l'Horta, La Unió razona que «negarse a actuar -es decir, a proteger- es fomentar de nuevo la especulación, de la que ya salimos bastante escarmentados». En consecuencia concluye que esta ley «protege esta tierra de cultivo frente a los intereses de los especuladores, que quieren hacer negocio a nuestra costa pagándonos cuatro chavos».

No obstante reitera que para que sea efectiva dicha protección, la aplicación de la normativa ha de estar «dotada de recursos económicos», ya que, «sin un presupuesto adecuado que garantice recursos humanos y económicos suficientes, no habrá nada a hacer y será una ley que no servirá para nada».

En este punto reclama La Unió «la participación de la Conselleria de Agricultura» en la ultimación del entramado legal protector. El proyecto se ha asentado hasta ahora en la Conselleria de Territorio, en orden a establecer la base de una ordenación territorial. Sin embargo está prevista también la realización de un Plan Agrario, que, naturalmente, compete a la conselleria del ramo. Este plan deberá concretar precisamente de qué modo se aspira a lograr que la Huerta sea rentable, por medio de reorientar sus propias producciones hortofrutícolas o también con el apoyo de subvenciones oficiales, que es lo que reclama La Unió -y también las demás organizaciones agrarias-. La Unió recuerda en este punto que se habrá de trabajar para conseguir para l'Horta «ayudas agroambientales de la Unión Europea».

Sobre el polémico punto del proyecto de ley que prevé expropiaciones de uso de terrenos infrautilizados, La Unió matiza que falta definir mejor tal concepto, demanda mayores garantías para los propietarios y apela a lo que señala al respecto un proyecto de normativa de rango superior que está igualmente en trámite parlamentario: la ley de Estructuras Agrarias. Es más, advierte de que «un terreno sin cultivar denota la imposibilidad del titular para obtener un rendimiento suficiente», lo que prueba precisamente la necesidad de «apoyarlo económicamente y orientarlo para que vuelva a ser rentable».

En todo caso señala que «el arrendamiento forzoso y la cesión temporal deberían revisarse para garantizar los principios de equidad y seguridad jurídica», explicando que tampoco es lo mismo un campo abandonado totalmente y convertido en foco de riesgos de propagación de plagas o incendios, que otro que simplemente no produce, pero se se mantiene limpio de malezas. Ahora bien, aprueba que se disponga de instrumentos que faciliten que quienes no puedan cultivar unas parcelas puedan cederlas de la manera más conveniente -y obteniendo ingresos justos- a otros agricultores profesionales, a fin de favorecer a la vez que éstos «resuelvan su problema de poder ampliar la base territorial de sus explotaciones, hacerlas competitivas y crear puestos de trabajo».

En su defensa de la ley de l'Horta, La Unió pone especial énfasis en rechazar o desmentir algunos de los temores que han ido creciendo las últimas semanas entre los agricultores afectados y que considera infundados. Por ejemplo asegura que esta norma «no va contra la libertad de empresa y se podrá plantar lo que se quiera (en principio se pretendía limitar a cultivos bajos, no arbóreos, en la zona '1' de mayor protección), se podrán construir almacenes y otras instalaciones necesarias para la actividad agraria (secadores de chufas, por ejemplo) y se mejorarán los sistemas de regadío y la seguridad de las propiedades agrícolas».

Un operario corta almendros en Tárbena, donde al igual que en otros pueblos del norte de Alicante, afectados por la detección de brotes de 'Xylella', se multiplican las protestas de los propietarios afectados, así como de otros vecinos que lamentan la destrucción de árboles y el consiguiente deterioro paisajístico y medioambiental. El Consell aplica la estrategia de 'erradicación' aprobada por la UE.