Xàbia reclama un acuerdo para paliar los efectos del «Brexit»

Salvaguardar los derechos de los ciudadanos británicos en España y de los españoles en Reino Unido tras el «Brexit». Bajo esta premisa el Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado una moción para instar a negociar a los gobiernos de España y Reino Unido un acuerdo bilateral para paliar los efectos de la salida británica de la Unión Europea.

La propuesta respaldada por la corporación pretende que se establezca un régimen de excepción como ocurre con los ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Nueva Zelanda, Paraguay, Noruega o Islandia, entre otros; todos ellos pertenecientes a países no comunitarios.

En Xàbia hay censados en este momento más de 5.300 británicos, aunque la cifra real de residentes es superior. Estos vecinos de la localidad podrían perder sus derechos políticos y sus coberturas sociales después de que sus países abandonen la Unión Europea. Esto supondría no sólo un perjuicio personal para los afectados, sino también, en palabras del alcalde, José Chulvi «un retroceso colectivo de graves consecuencias» puesto que la comunidad extranjera está fuertemente enraizada en Xàbia y forma una parte esencial de la vida de la localidad a nivel económico, cultural y social.

En el texto de la moción se hace hincapié en que «ya no hablamos de extranjeros que viven en Xàbia, sino de xabieros nacidos lejos de aquí. En este momento no puede haber diferencias en cuanto a derechos, obligaciones y consideración entre ciudadanos. Todos formamos y cuidamos de nuestra comunidad».

Desde mediados del siglo XX la importancia de la presencia británica en Xàbia es imprescindible para entender la transformación económica y social del municipio. Por eso, después de casi siete décadas de relación, el ayuntamiento ha manifestado su decisión de «no desamparar a un colectivo de vecinos que son tan de Xàbia como cualquiera de nosotros».

Para los británicos, de consumarse la versión más restrictiva del Brexit, se perdería el derecho a elegir y a ser elegidos en las elecciones locales. También se verían afectadas las coberturas sanitarias y el poder adquisitivo de las pensiones. Según el alcalde, José Chulvi, «sacar de golpe a cerca de 5.000 personas de la vida política de su pueblo es una injusticia».