Un entramado empresarial que trabajó para el PP en la Diputación y otros municipios de la provincia

Las nueve empresas que forman parte de la trama y que los investigadores de la Policía Nacional interrelacionan bien por sus integrantes, sus relaciones personales y mercantiles y sus domicilios -todas son de Vizcaya, incluso una de ellas tiene su sede en el mismo edificio que una agrupación del PP en Getxo-, trabajaron entre los años 2008 y 2011 para gobiernos del Partido Popular, tanto a través de la Diputación Provincial como en municipios de la provincia como Jávea, Benidorm o Torrevieja, entre otros. En el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) entregado al juzgado en febrero del 2014 se ordena a las mercantiles en tres bloques, el de las sociedades de los hermanos Molinos y su apoderada, Mercedes Lasa, que es a su vez esposa de uno de los anteriores; el segundo bloque por con las mercantiles de Juan Bautista Rodríguez, en las que de nuevo aparece Mercedes Lasa como administradora de una de ellas y un tercero formado por Juan Antonio Goñi y Ignacio Alonso, titulares de empresas radicadas en Vizcaya como la mayoría de las que forman parte del caso.

Entre todas facturaron en los años objeto de la investigación cerca de tres millones y medio de euros entre los que destaca lo destinado a Stands Molinos SL por el Patronato Provincial de Turismo, que se gastó 851.753 euros con ella en el 2008. Ese mismo año el Ayuntamiento de Benidorm invirtió 568.540 euros en la misma mercantil, repitiendo un año después con otros 279.068 euros; o la Agencia Valenciana de Turismo, que destinó a esta sociedad 394.336 euros en el 2008 y 258.999 euros en el año 2009.

Al margen de las localidades de la Comunitat, el entramado trabajó para otras provincias como Palencia, Valladolid o Turisme de Barcelona, siendo este último el único de los entes públicos con los que contrató que no estaba regido por el Partido Popular, algo que llamó la atención de la Policía Nacional que lo señaló como tal en su informe, así como el hecho de que estas mercantiles facturara cantidad alguna para administraciones situadas en sus respectivos domicilios sociales, en el País Vasco, a excepción de Octopus Events, domiciliada en Valencia y que facturó a Orihuela y Jávea y Mare Stand, con domicilio social en Altea y facturación a esos dos mismos Ayuntamientos. No obstante la Udef recuerda con respecto a esta última que Mercedes Lasa, quien es esposa de Javier Molinos, participa tanto en Octopus como en las firmas de la familia de su marido.

Ante esto, los investigadores ya solicitaron en el 2014 a todos los ayuntamientos y diputaciones que tuvieron relación con las mercantiles que les mandaran las facturas y relaciones contables existentes entre ellos y las empresas con el objetivo de conocer si las contrataciones realizadas pudieron realizarse a través de algún procedimiento irregular como presuntamente, indican, ocurrió en Orihuela.