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M. H.
Miércoles, 14 de mayo 2014, 00:06
La imputación del número tres de los socialistas valencianos cayó ayer como un jarro de agua fría en la campaña del PSPV. El propio secretario general, Ximo Puig, optó por minimizar la situación judicial del exalcalde de Gandia aludiendo a que, en cualquier caso, su presunto delito no está relacionado con la corrupción, sino que supondría una falta administrativa. «Que no se intente marear», dijo en Onda Cero.
Pero lo cierto es que ha puesto sobre la mesa la línea roja del secretario general, Ximo Puig. La idea de que la imputación de Orengo se corresponde con un presunto delito administrativo y no de corrupción echa por tierra el discurso de los socialistas en casos como el del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, también imputado por Gürtel, que siempre ha defendido que su situación judicial es fruto de un asunto administrativo. Aunque desde las filas socialistas se encuadra dentro de la corrupción del caso Gürtel.
Por no hablar del caso del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, de quien ayer todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento pidieron su dimisión como edil. Todos menos el PSPV, que se conforma con que el también presidente de la comisión de ética de la dirección provincial del PP en Valencia (presidida por Alfonso Rus) sólo deje su cargo de máximo representante de la Fundación Turismo Valencia, desde la que se contrató con Urdangarin. El grupo municipal socialista se ha mostrado especialmente tibio en este asunto, a pesar de esta personado en la causa para recuperar el dinero público entregado a la empresa del duque de Palma.
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