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A. Rallo
Miércoles, 28 de mayo 2014, 00:29
El caso Cooperación, que investiga el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional y que ha deparado condenas de cárcel e inhabilitación para los ocho imputados, consta de dos piezas, una referida a la Fundación Cyes (no confundir con la constructora del mismo nombre) y otra a un entramado de empresas que recibieron entre 2009 y 2011 al menos 3,5 millones.
OCTUBRE DE 2010
El origen del caso fueron unas denuncias ante la Fiscalía en octubre de 2010 de las diputadas de la oposición Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís), que en mayo de 2011 llegaron al Juzgado de instrucción número 21 de Valencia y que el pasado septiembre asumió el Tribunal Superior de Justicia por la condición de aforado del exconseller Rafael Blasco.
Durante el proceso se abrieron dos piezas separadas, de la que ha concluido ya la instrucción referida a Cyes, en la que investigan delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Victoria Vila es la becaria que destapó el 'caso Cooperación'. Vila fue en el año 2010 a a Nicaragua a visitar el estado de los proyectos de la Fundación Cyes y comentó a sus superiores que le llamaban la atención porque "no encajaba con la actividad llevada a cabo". "Había una alta inversión en inmuebles y era algo muy contradictorio", apuntó esta semana Begoña Campaña, técnico de la extinta Conselleria de Solidaridad, al tiempo que tenía la percepción de que los proyectos podían estar "plagiados".
La becaria le pidió más información a Campaña sobre estos proyectos, con lo que ha indicado que consultó la base de datos, y al ver que no aparecía documentación se puso en contacto con la técnica Francine Codina y le mandó un correo para solicitar más información. Ella le contestó por teléfono y le dijo que no podía darle ninguna información porque los expedientes "estaban en otras esferas" y que seguramente si seguía preguntando, le iban a "desaconsejar" la visita.
"Y así quedó", ha dicho, hasta que la becaria visitó los proyectos en el mes de agosto de 2010 para hacer seguimiento y nada más llegar se puso en contacto con ella "bastante alarmada" ante la cantidad "real" de dinero que le dijeron los socios locales que había llegado del proyecto, que cifraban en 50.000 dólares. Sobre esta cantidad, se ha preguntado: "¿cómo piensa una persona que trabaja en cooperación que se van a invertir en el proyecto solo 50.000 dólares?".
Esta observación se la trasladó a su jefa "inmediata", Concha Gisbert, quien le pidió un informe, se lo hizo y se lo trasladó.
Seguidamente, en octubre de ese año comenzó a publicarse en los medios de comunicación presuntas irregularidades en torno a estas subvenciones, y ha indicado que se formó "bastante revuelo" y la jefa de Servicio les trasladó el "malestar" y el "enfado" del equipo directivo respecto a los técnicos porque se entendía que había habido filtraciones.
Tras ello, le pidieron que hiciera una especie de informe de sus comunicaciones con Victoria Vila, su contenido, y le apartaron de sus tareas de tutorización de becas. Asimismo, le quitaron el acceso a varios proyectos y a la base de datos: "en tres meses me redujeron las actividades prácticamente a cero", expuso Campaña en el juicio.
La investigación
La investigación se ha centrado en la concesión durante 2008 por resolución del entonces conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, de subvenciones a la Fundación Cyes, presidida por Marcial López, por 1,8 millones de euros para proyectos de cooperación , principalmente en Nicaragua.
Según la instrucción, gran parte de esos fondos, 969.875 euros, se destinaron a adquirir cuatro inmuebles en Valencia, mientras que 456.960 euros -exactamente el 25 % de las subvenciones dadas a la Fundación Cyes- fueron a la empresa Gestiones e Iniciativas ARCMED, propiedad de Augusto César Tauroni. A Nicaragua solo llegaron 43.000 euros.
Las conclusiones de la investigación judicial señala "anomalías relevantes" en la concesión de subvenciones a Cyes, que carecía de experiencia previa en el sector y la comisión técnica del programa de cooperación se oponía a dárselas, por lo que se conformó un expediente "ad hoc" a partir de documentación "incompleta, alterada y falseada". Además, existen indicios de la desviación de fondos públicos destinados a la cooperación al desarrollo de Nicaragua, y del "notable enriquecimiento y beneficio económico obtenido tanto por el entorno" de Marcial López como por Augusto César Tauroni.
La instrucción ha concluido con el procesamiento y condena de nueve personas -el responsable de la Conselleria, cinco funcionarios de ese departamento y tres responsables de fundaciones-, que son los siguientes:
- Rafael Blasco: conseller de Solidaridad y Ciudadanía entre 2007 y 2011. Se investigaba si los hechos se cometieron con su consentimiento expreso y si impuso su criterio en la adjudicación de las ayudas.
- Augusto César Tauroni: el empresario es el único imputado encarcelado. Al parecer, tuvo una participación activa en la organización del fraude, del que supuestamente obtuvo un 25 % de las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes mediante la emisión de facturas por trabajos y servicios "muy posiblemente no realizados".
- Marcial López: presidente de la Fundación Cyes, que carecía de trayectoria en el mundo de la cooperación y de medios materiales y personales para esos proyectos. Supuestamente se comprometió a pagar a Tauroni el 25 % de las subvenciones que obtuviera y se lucró con el dinero de las subvenciones a Cyes y a través de la mercantil ACIP.
- Agustina Sanjuán: exsecretaria general administrativa de la Conselleria. Se investigaba si intervino para alterar la evaluación técnica y eliminar incidencias del expediente de Cyes.
- Marc Llinares: exjefe del Área de la dirección general de cooperación. Supuestamente admitió las facturas presentadas pese a haber sido advertido de la adquisición de inmuebles por Cyes.
- Alejandro Catalá: exsubsecretario de Cooperación.
- Josep Maria Felip: exdirector general de Cooperación
- Javier Llopis: exjefe de gabinete de Blasco.
- MªJosefa Cervera: pareja sentimental de Marcial López y secretaria de la mercantil Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos (ACIP), creada por él mismo y vinculada directamente a su entorno familiar, que recibió 133.345 euros de la Fundación Cyes.
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