Pozos que resultaron ser pisos

La causa que desde el pasado mes de mayo investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) no lo es tanto para las diputadas del PSPV Clara Tirado y de Compromís Mireia Mollà. Ambas, con sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción han conseguido que la juez del juzgado de instrucción número 21 de Valencia haya decidido pasar a la acción. Lo que desde ayer se ha saldado ya con al menos una decena de detenciones (aunque la cifra se podría ampliar) no es más que un supuesto fraude en forma de desvío de fondos para la cooperación internacional. O lo que es lo mismo: aprobar ayudas para los más desfavorecidos y destinar ese dinero para otra cosa.

Para ello, dos fundaciones clave en la causa y una conselleria del Gobierno valenciano. Cyes (la fundación Cultural y de Estudios Sociales, distinta de la empresa del mismo nombre) y Hemisferio. Ambas fundaciones, a través de la extinta conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, habrían formado parte de una trama diseñada para el desvío de fondos públicos. La política de Cooperación del anterior Consell, con el entonces titular de Solidaridad, Rafael Blasco, a la cabeza, fue puesta en entredicho en octubre de 2010, con la denuncia del PSPV ante la Fiscalía por la adjudicación de un proyecto por valor de dos millones de euros para la construcción de pozos en Nicaragua a través de la Fundación Cyes. Según los socialistas, de ese importe, sólo llegaron al país Sudamericano 70.000 euros, mientras que el resto se quedó en Valencia para la compra de pisos.

Compromís, por su parte, también denunció ante la Fiscalía un supuesto trato de favor de la conselleria de Solidaridad, pero esta vez a través de la fundación Hemisferio. Mireia Mollà denunció que esa fundación hacía los proyectos de cooperación para otras fundaciones, que lograban las subvenciones de la conselleria gracias a que tenían una relación directa con Solidaridad. De hecho, la diputada denunció que algunas fundaciones cobraban antes de iniciar los proyectos o recibían dinero para cursos que luego no hacían.

Según las denuncias del PSPV, el entonces conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, adjudicó en 2008 ayudas por valor de casi dos millones de euros a la fundación Cyes para dos proyectos de cooperación consistentes en la construcción de pozos de agua potable y la ayuda al desarrollo alimentario con la explotación de la producción agrícola. De esa subvención, al menos más de un millón y medio de euros fueron a parar a la compra de dos viviendas con garaje que la fundación destinó para la instalación de su sede. En su día, la conselleria desmintió la jugada, pero en el propio expediente de adjudicación se incluyó la creación de una oficina en Valenciay se justificó el gasto en esos inmuebles por parte de la conselleria. Pero lo cierto es que del grueso de la subvención millonaria, a Nicaragua parece que sólo llegaron unos 70.000 euros.

Tras la denuncia dl PSPV, el exconseller Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del TSJCV los expedientes correspondientes a las subvenciones a la fundación Cyes, pero el entonces fiscal superior, Ricard Cabedo, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.

Paralelamente a la investigación de las subvenciones a Cyes, la Fiscalía abrió otra causa tras documentación aportada por la diputada de Compromís, Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la conselleria de Blasco también favoreció a una segunda fundación. Se trataba de la antigua Entre Pueblos, ahora Hemisferio. Según la parlamentaria, el dinero de las subvenciones que recibía esa entidad se destinaba a empresas pantalla que creó la propia fundación, en lugar de usarlo para sus fines de cooperación. Así, se creó un entramado de fundaciones en las que las empresas pantalla funcionaban como entidades que se beneficiaban de los fondos adjudicados por la conselleria. Para ello se usaron ONG con escasos medios, a las que, según la propia Mollà, facilitaban la labor con la creación de facturas y gestiones para que fueran beneficiarias de las ayudas. La diputada estimó en su día que por un valor de más de dos millones de euros. Un dinero que finalmente se quedaba Hemisferio. Entretanto, surgió también el proyecto de construcción de un hospital en Haití para atender a los damnificados del terremoto. Una infraestructura que la Generalitat adjudicó por un importe de cuatro millones de euros a una organización vinculada a la trama. Según la oposición, está paralizada por falta de fondos sin que se tenga constancia de cuánto dinero se invirtió.

El pasado mes de noviembre, el ahora conseller de Justicia, de quien depende la extinta Solidaridad, Jorge Cabré, anunció la cancelación del proyecto del hospital. «No estamos para invertir en cooperación internacional» vino a decir. Así, en total, la diputada socialista Clara Tirado cree que el importe desviado por la conselleria de Solidaridad pudo ascender a nueve millones de euros si se suman todas las partidas.