Fin a la instrucción del caso Emarsa: 25 procesados y casi 24 millones de saqueo

La investigación judicial del caso Emarsa, que afecta al supuesto saqueo en la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, está finalizada. El magistrado del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, considera probado que entre los años 2004 y 2010 una red de empresas desviaron 23,7 millones de euros de esta firma, al facturar a Emarsa con precios hinchados (casi triplicados) por el tratamiento de lodos. El juez deja procesadas a 25 personas, entre ellas, el expresidente de la entidad, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y el exgerente, Esteban Cuesta -dos de los ideólogos del supuesto saqueo-.

El auto de procesamiento lleva fecha del pasado martes y tiene 1.029 páginas. La pieza principal se ha seguido por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo. El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional respecto a los delitos contra la Hacienda Pública.

El juez Ríos entiende que de lo investigado existen indicios contra Crespo, Cuesta y otras 23 personas: José Juan Morenilla, gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar) e Ignacio Bernácer, jefe de Explotaciones de la misma entidad; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez Chanín, exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Asimismo, procesa a los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García martínez, hermana de Chanín; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre dEstudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua; Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet; Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de Chanín; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente. Además, se señala a Cristina Segarra, mujer de Cuesta, como responsable civil, por ser partícipe «a título lucrativo» y no como imputada.

Pese a que durante la instrucción se especuló con la posibilidad de que Silvestre Senent, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, fuera llamado a declarar ante el juez -tras ser señalado por algunos de los imputados-, el juez lo ha dejado al margen y, obviamente, no se encuentra entre los procesados.

Papel de Crespo y Cuesta

A juicio del juez, existen indicios «racionales suficientes» para considerar que entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010, el entonces presidente del consejo de administración y consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, presidente también de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y el gerente Esteban Cuesta, previo concierto con Morenilla y Bernácer y en unión del director financiero, valiéndose de su posición y ante los «cuantiosos fondos públicos» que recibía la empresa para obras de mantenimiento y mejora así como ingresos para la prestación de servicios, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito», según recoge Europa Press.

En este plan, según el juez, participaron personas de la dirección y otras más, muchas de ellas ajenas a la empresa pública, que adquirieron la condición de proveedores de Emarsa, «sin que mediara expediente de contratación o contrato alguno», en ocasiones. También se simularon expedientes de contratación de los trabajos «en los que se eludía la publicidad y se aparentaba, pero se evitaba, toda real concurrencia».

En este caso, las personas y sociedades ajenas a la empresa emitieron facturas a Emarsa «por importe de varias decenas de millones de euros». En otras ocasiones, incluso, de acuerdo con el magistrado, quienes dirigían la empresa pública «exigieron a los proveedores, para que pudieran serlo, bien el pago de dinero, bien la entrega de regalos o recompensas o la prestación de servicios particulares».

Estos pagos se constituyeron «en una nueva fuente de enriquecimiento ilícito» para los miembros de la trama, que se repartían los beneficios, en ocasiones a través de dinero que sacaban de las cuentas de las empresas que facturaban a Emarsa mediante «masivas» extracciones en cajeros automáticos cercanos a sus domicilios o lugares de trabajo, que el magistrado relaciona. De acuerdo con el instructor, era José Luis Sena quien, desde 2005, llevaba Cuesta en efectivo parte de los fondos ilícitamente detraídos, que posteriormente él repartía.

El magistrado fija en 375.302 euros el gasto en restaurantes que hicieron tanto Enrique Crespo como el exgerente de la depuradora de Pinedo, Esteban Cuesta, en siete años y en otros 261.202 euros el dinero destinado a viajes y alojamientos en hoteles de distintos puntos de España, sin que estén justificados por la actividad de la empresa y a costa de los fondos públicos que manejaban. Asimismo, refleja la compra de Regalos de Navidad para dirigentes políticos municipales y empresarios, catalogados como VIP, No VIP y SUPER.