Fiscalía reclama elevar de cuatro a ocho años la pena de prisión a Carlos Fabra

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han formalizado ya la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Supremo en los que solicitan ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra. De esta forma, el juicio por el que el exmandatario fue condenado a cuatro años de cárcel se volverá a repetir ante el Alto Tribunal en unos meses.

Según avanzó ayer Radio Castellón, los escritos del recurso ya se han presentado y en ellos plantean que Carlos Fabra sea condenado a ocho años de prisión, dos por cada uno de los delitos fiscales de los que se le acusa.

Y es que Carlos Fabra fue condenado en noviembre del año pasado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda frente a los 13 años que le pedía el Ministerio Público, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por la UCE (Unión de Consumidores).

No obstante, al final la condena dictada por la Audiencia Provincial castellonense le sentenció a un año de cárcel por cada delito fiscal.

En la sentencia hecha pública en noviembre de 2013 se condenaba a Fabra a cuatro años de cárcel (uno por cada delito fiscal cometido) respecto a los años 2000 a 2003 y se confirmaba que había defraudado un total de 690.000 euros en esos cuatro ejercicios. Además, se le condenaba a pagar 1,3 millones de euros en concepto de multa.

El propio condenado, tras darse de baja como afiliado del PP, anunció que iba a presentar recursos judiciales tanto ante el Tribunal Supremo como delante del Constitucional al considerar que era inocente y que se habían vulnerado sus derechos durante el proceso.

Asimismo, en el fallo se absolvió al resto de acusados: el empresario Vicente Vilar, quien destapara la trama con una denuncia, la exmujer de éste, Montserrat Vives, el exsenador popular Miguel Prim, mientras que la exmujer de Fabra, Desamparados Fernández, sí fue condenada a dos años de cárcel y una multa de 273.000 euros.

La sentencia de la Audiencia castellonense exoneró de los delitos de cohecho y tráfico de influencias al que fuera líder indiscutible del PP en la provincia de Castellón, que sumaba cuatro años más de cárcel, y la Fiscalía admitió que no iba a recurrir estos delitos al ser muy complicado de demostrar que se cometieron.

Ahora, el juicio en el Supremo se centrará en Fabra y su exmujer ya que la defensa de Fernández ha solicitado que sea absuelta de los dos años de cárcel a los que fue condenada.

La sentencia firmada por Esteban Solaz marcó el fin definitivo de la vida pública de Carlos Fabra ya que a las pocas semanas fue obligado a dejar la secretaría general de la Cámara de Comercio, puesto de trabajo al que se había incorporado tras haber dejado la presidencia de la Diputación de Castellón.

Diez años de instrucción

Con esta condena se cerraban diez años de investigación, de retrasos judiciales en el proceso de instrucción y se ratificó la declaración y las pruebas presentadas por los peritos de Hacienda durante el proceso.

Los dos expertos en delitos contra la Hacienda Pública demostraron que el matrimonio Fabra tenía en los años investigados ingresos millonarios en las 65 cuentas: 599 ingresos en efectivo, 217 en cheques y 110 en transferencias, los 24 préstamos comunes y los 28 inmuebles del matrimonio. «Son varios y plurales los datos que han llevado a la sala a la convicción de que los referidos ingresos corresponde a ganancias patrimoniales no justificadas», señalaba el fallo.

El juicio a Carlos Fabra ha formado parte de la vida política de la provincia de Castellón de la última década ya que la defensa del mandatario consiguió dilatar el proceso con varios recursos, a lo que se sumaba el relevo de jueces en el proceso de instrucción.

De hecho, incluso en 2010 se archivó toda la causa y fue un recurso de la Fiscalía y la Unión de Consumidores ante el Tribunal Supremo lo que hizo que se reabriera la investigación, pese a que algunos años investigados por Hacienda fueron excluidos al considerar la alta instancia jurídica que ya habían prescrito.

Cabe recordar que el 'caso Fabra' estalló en 2003 cuando Vicente Vilar, un empresario amigo hasta entonces del que era líder del PP de la provincia de Castellón, denunció que Carlos Fabra le había cobrado 180.000 euros por presionar a varios ministerios con la finalidad de conseguir la rápida legalización de unos nuevos productos fitosanitarios.

Durante esta investigación, desarrollada en paralelo al lento proceso de instrucción judicial, la Agencia Tributaria abrió un proceso de inspección fiscal cuyos resultados precipitaron la condena del político a cuatro años de prisión que ahora deberá ser revisada por el Tribunal Supremo.