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A. G. R. / EFE
Jueves, 4 de septiembre 2014, 00:01
Rafael Blasco atisba otro problema en su horizonte judicial. Tras la condena a ocho años de prisión por el TSJ por la trama de saqueo de fondos destinados al Tercer Mundo, ahora su gestión al frente de la Conselleria de Sanidad también será analizada por un juez. La Fiscalía Anticorrupción llevaba meses estudiando la documentación de la denuncia que presentó la diputada de EUPV Marina Albiol y recabando nuevos datos.
La documentación obtenida vuelve a desprender indicios de delito por parte de dos personajes claves en la trama que ha sido condenada. Se trata del exconseller Rafael Blasco y de su amigo, el empresario Augusto César Tauroni.
El Ministerio Público decidió recientemente enviar el asunto al decanato de los juzgados para que proceda a su reparto. Considera que de lo analizado hasta la fecha en las diligencias de investigación penal que se instruían en la Fiscalía, se observan indicios de criminalidad.
El escrito hacía referencia, entre otros, al plan de choque del Abucasis, una aplicación informática que gestiona las citas y la base de datos de los expedientes médicos de los pacientes. La adjudicación fue de dos millones de euros. El servicio recaló, una vez más en las empresas de la órbita del empresario de Alzira. Tal y como ocurrió en el caso Cooperación, Tauroni no se presentaba nunca a las adjudicaciones con su propia empresa. Era otra firma la que concurría y posteriormente subcontrataba a la sociedad del empresario.
El exsíndic del PP, Rafael Blasco, apenas estuvo un año al frente de la Conselleria de Sanidad durante la presidencia de Francisco Camps. No obstante, algunas fuentes han cifrado en cerca de siete millones la cantidad presuntamente desviada.
Durante el juicio por el caso Cooperación, y de manera colateral se habló del asunto del Abucasis. Uno de los trabajadores de Tauroni admitió que su jefe pudo enterarse del concurso del servicio porque se lo dijo el entonces conseller Blasco. Este empleado admitió en el TSJ que Tauroni no figuraba al frente de las empresas Lonerson y Dinamiz-e para evitar que fuera relacionado con el político. Fue esta última firma la que se encargó de proporcionar personal cualificado a las empresas que necesitaban trabajadores para el Abucasis.
La ahora eurodiputada de EU, Marina Albiol, se felicitó en un comunicado de que la labor de la coalición de «perseguir la corrupción y a los corruptos» haya servido para que la Fiscalía «judicialice otra trama de corrupción con Blasco como protagonista». Según explicó, en esa supuesta trama se vuelve a ver que Blasco «utilizaba su cargo público, en este caso como conseller de Sanidad, para desviar dinero público hacia bolsillos privados».
«La corrupción no puede quedar impune en nuestro país», indicó Albiol, quien adelantó que EU seguirá trabajando para sacar a la luz los contratos «que han servido para saquear las arcas públicas» de la Comunitat Valenciana.
Petición a Llombart
La diputada de EU en Les Corts Esther López pidió ayer al conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que destituya al gerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco, sobrino del exconseller, «que está siendo investigado por la Fiscalía anticorrupción a raíz de la denuncia presentada por Esquerra Unida». Para López, es «sencillamente increíble» que el conseller «mantenga un alto cargo que está siendo investigado por presunta corrupción». Según la diputada, «la denuncia de la Fiscalía contra Rafael Blasco demuestra que toda su carrera en el Partido Popular está bajo sospecha de corrupción, especialmente en la época en que era conseller de Sanidad».
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