Investigación al jefe de Seguridad de Fabra por interrogar en comisaría a un asesor de Císcar

Rafael Piqueras, número dos de la policía autonómica y jefe de Seguridad del Palau de la Generalitat, será objeto de una investigación por haber interrogado al responsable de prensa del vicepresidente José Císcar a principios de verano, en relación con la filtración de documentos de presidencia del Consell, sin que existiera procedimiento judicial, policial o administrativo alguno. El interrogatorio a Juan Botella, asesor del también conseller de Agricultura, se prolongó por espacio de tres horas y según las fuentes consultadas fue especialmente duro.

La investigación la anunció ayer la portavoz del Consell, María José Català, y la confirmó el titular de Gobernación, Luis Santamaría, del que depende la policía autonómica y que será el departamento encargado de averiguar lo ocurrido. El conseller explicó que ha decidido la apertura de un «expediente informativo de carácter reservado» y remarcó que el Consell «tiene la obligación de defender los derechos y libertades fundamentales».

Santamaría aportó otra clave determinante. Preguntado respecto a si existía alguna otra investigación abierta antes de que trascendiera a los medios de comunicación estos interrogatorios, el conseller admitió que no. «Yo tengo conocimiento de estos supuestos hechos una vez los vemos publicados. Antes no hay ninguna investigación oficial ni extraoficial, ni policial. Ninguna».

Las palabras de Santamaría, titular de Gobernación desde mediados del mes de junio, confirman que el interrogatorio al que fue sometido el jefe de prensa del número dos del Consell se produjo sin que mediara expediente abierto alguno que lo justificara. Hace precisamente un año, la administración autonómica ya abrió una investigación interna para tratar de averiguar el origen de las filtraciones de diversa documentación de presidencia de la Generalitat, entre la que se incluía una nómina del presidente Fabra así como facturas relativas a distintos gastos realizados por la secretaria autonómica de Organización, y mano derecha del jefe del Consell, Esther Pastor.

Tanto esta investigación, como la que se derivó a la fiscalía para tratar de encontrar al topo que había hecho pública esa documentación se cerró sin resultados concluyentes. Con todo, en el entorno de presidencia de la Generalitat siempre se ha mantenido la sospecha de que el origen de esas filtraciones estaría en vicepresidencia. Para la apertura de este tipo de procesos es necesario seguir el procedimiento establecido en el reglamento del Estado regulado en la ley de funcionarios civiles, que obliga al nombramiento de un instructor y a dar audiencia a las partes, entre otros.

Pero en este caso, la confirmación por parte del Consell de que ese interrogatorio se produjo al margen de cualquier expediente administrativo, policial o judicial es lo que convierte lo ocurrido en un hecho irregular. Las fuentes consultadas por este diario explican que los hechos constituyen un ejemplo claro de extralimitación de funciones por parte del responsable policial, dado que no existía en marcha procedimiento alguno que lo determinase. Otras fuentes incluso van más allá, y consideran que los hechos podrían tener carácter delictivo al tratarse de una posible detención ilegal, aunque admiten que para que ese suceso se produjera sería necesario que el interrogado presentara una denuncia formal. De hecho, ni siquiera existe constancia de si el jefe de prensa de Císcar llegó a estar detenido o si en el interrogatorio se le consideró como testigo de los hechos (la filtración) o si se le acusó de los mismos.

El responsable policial investigado ocupa el número dos en el escalafón de la policía autonómica, por debajo del comisario, Álvaro Rodríguez. Piqueras sustituyó en este puesto a Luis Vela, un histórico de esta unidad policial que durante décadas se había encargado de la seguridad en el Palau. Tal y como reveló ayer este diario, Piqueras -que llegó al cargo tras desempeñar su labor profesional en Castellón- interrogó durante tres horas al asesor de prensa de Císcar. Los hechos se produjeron en la sede central de la policía autonómica, en la antigua estación de Pont de Fusta, hasta donde Botella fue conducido a finales del pasado mes de julio para ser sometido a este interrogatorio. Una circunstancia aún más significativa y que reviste de mayor gravedad el propio interrogatorio.

Las fuentes consultadas aseguran que a Botella se le reprochó en el interrogatorio que tuviera amistad con periodistas y se le presionó para que señalara al vicepresidente Císcar, circunstancia a la que se negó. El asesor de Císcar llegó a declarar en dos ocasiones ante el policía. La segunda, según las mismas fuentes, a petición del periodista.

Desde el PSPV, el portavoz Rafael Rubio anunció ayer la presentación de sendas solicitudes de comparecencia de los responsables de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y Gobernación, Luis Santamaría. «Si existe una sospecha sobre la actuación de un funcionario, es la inspección de servicios (que depende de Hacienda) la que debe pronunciarse».