Una reforma para no cambiar nada

valencia. Aún resonaba el eco del estallido de huevos y botellas sobre las lunas de los coches de varios consejeros de RTVV tras aprobar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la televisión autonómica, los cierres patronales de los farmacéuticos porque el Consell les adeudaba meses y meses del pago de medicinas, las protestas de trabajadores de concesionarias de residencias de la Generalitat que no cobraban y los sindicatos en pie de guerra por la rebaja de sueldos a los funcionarios, cuando el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, lanzó su reto de legislatura a los 14 meses de haber tomado posesión: una nueva reforma del Estatut, la reducción del número de diputados de 99 a 79.

Desde aquella jornada del 25 de septiembre de 2012, su primer Debate de Política General, Fabra ha mantenido levantada la bandera de la reforma estatutaria contra viento y marea, a pesar de que tanto el presidente como su entorno y los dirigentes del PP se dieron cuenta a los pocos meses de que no había posibilidad material de ponerla en marcha ante la cerrazón al diálogo que mostró la oposición, tanto el PSPV como Compromís y EU.

El anuncio de Fabra cogió con el pie cambiado a toda la bancada de la izquierda del Parlamento valenciano. Había tiempo para haber alcanzado acuerdos. Quedaban entonces dos años y medio de legislatura. Pero cuando retomaron el paso, los grupos socialista, Compromís y EU decidieron que no bailaban al ritmo de esa música que había empezado a interpretar Alberto Fabra y que desde entonces no ha dejado de tocar en solitario, a pesar de que es consciente de que necesita acompañamiento para sacar adelante la pieza.

El presidente anunció el jueves pasado en el pleno de Les Corts, a falta de cinco meses y medio para que finalice la actividad parlamentaria, que el PP presentará en noviembre ante el pleno una reforma del Estatut que se encargará de poner en marcha el síndico popular, Jorge Bellver, y Rubén Ibáñez, portavoz adjunto de este grupo, personas de su confianza.

La reforma recogerá la reducción del número de diputados, el desaforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno valenciano, la elección directa de al menos un tercio de los diputados -por lo menos uno por comarca- y los principios de participación y buen gobierno (medidas de transparencia).

«No nos hemos caído ahora del guindo. Sabemos que la oposición no nos van a apoyar. Ojalá lo hiciera. Por nosotros, por los ofrecimientos de diálogo que hemos hecho, no ha quedado», afirmó un relevante miembro de la dirección del grupo popular.

Mientras tanto, el Congreso tiene en el congelador, y pendiente de aprobación, la última revisión del Estatut, que sí apoyó el PSPV en el último suspiro de la anterior legislatura, el 9 de marzo de 2011. Desde entonces la Cámara Baja ha retirado del debate parlamentario nada menos que cuatro veces la aprobación definitiva del texto que supuestamente blinda las inversiones del Gobierno en la Comunitat de acuerdo a su número de habitantes.

Parlamentarios valencianos del PP señalan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el responsable de no querer que se apruebe aquella reforma basada en el modelo que usó Andalucía y que el grupo popular no dudó en aprobar en el Congreso en la anterior legislatura. Y esto es una de las cuestiones que el PSPV echa en cara al presidente Fabra para ignorar su propuesta de reforma estatutaria.

Desde el grupo parlamentario en el Congreso convencieron al Ejecutivo valenciano, «después de insistirles mucho, de que establecieran una suspensión sin fecha de la reforma del Estatut hasta que se hicieran todas las reformas que tenían previstas».

Pero lo que observan diputados nacionales del PP es que las propuestas que se han ido incorporando a la reforma estatutaria que está impulsando ahora Fabra están «poco meditadas». «Las iniciativas políticas hay que lanzarlas cuando, o bien tienes el camino bien atado para consensuar y aprobar las reformas o bien tienes el marco de circunstancias adecuado para, aunque no se alcance un consenso, poder dejar en evidencia a la oposición. Y lo que se está viendo en este caso es la incapacidad de llegar a acuerdos», confesó a LAS PROVINCIAS un diputado que hasta ahora defendía a Fabra.

Otros diputados llegan a emplearse con mayor contundencia: «El Gobierno valenciano es incompetente en doble sentido: no tiene competencias para cambiar la ley electoral y por atreverse a plantear una modificación para la que no tiene potestad».

«No tengo muy claro que se pueda modificar la ley electoral y cambiar el modelo en la Comunitat. Lo que está claro es que sería recurrible porque la Constitución defiende un modelo proporcional que se rompería si se incluyera la elección de un tercio de diputados de forma directa. Si se pudiera cambiar el sistema electoral ya lo habrían hecho los catalanes», incidió otro parlamentario nacional del PP.

Otro parlamentario nacional valenciano asegura que en el fondo la reforma del Estatut aprobada en 2011 «es papel mojado» porque el Gobierno de Mariano Rajoy está ignorando ese tipo de cláusulas estatutarias que supuestamente obligan al Ejecutivo central a garantizar una determinada inversión anual a las autonomías que lo reflejen en su Estatuto. «Eso no sucedía con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que rompía la solidaridad entre regiones al cumplir los estatutos autonómicos que reflejaban esas cláusulas y la Comunitat se quedaba mirando cómo la inversiones pasaban hacia otros territorios. Eso obligó al Consell de Camps a consensuar con el PSPV a modificar el Estatut al que el partido no le ha dado el visto bueno en el Congreso».

Alejados del centro de poder nacional del PP, dirigentes valencianos del partido consideran que la legislatura «se ha convertido en un anuncio de reforma constante del Estatut, a pesar de que el presidente sabe que es papel mojado, que necesita a la oposición, especialmente al PSPV, y es consciente de que no se va a aprobar». Le recriminan a Fabra, además, que los anuncios de cambios en el Estatut o del régimen electoral, como hizo en una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid el pasado 24 de febrero, «no los consulta y no se le puede aconsejar».

Además, diputados que son conscientes de que no van a estar presentes en el hemiciclo en la próxima legislatura no tienen problema en asegurar que «la propuesta de reducir el número de diputados de 99 a 79 y que mantiene es populista. En ese sentido, el presidente está representando una especie de versión de Podemos dentro del PP. ¿Pero de verdad se han parado a pensar dónde vamos con eso? ¿Supone un ahorro? ¿Sería una mejora en el funcionamiento de Les Corts? Esto lo propuso en 2012, cuando las encuestas no nos daban lo que ahora reflejan. Ahora sería un desastre para el partido».

Otros consideran que aquella propuesta «iba en sintonía» con la que Dolores de Cospedal realizó en Castilla-La Mancha al reducir el parlamento y eliminar el sueldo de los diputados.

«¿De qué sirve el aforamiento si la gente -los diputados que están encausados y han renunciado al escaño- huye del Tribunal Superior de Justicia? Lo estamos viendo en casos como el de Milagrosa Martínez y Angélica Such, entre otros. Si hay que preocuparse de algo es del rato que han dado los fiscales al PP» afirmó otro diputado autonómico crítico con la actual gestión del Consell.

Desde la cúpula parlamentaria del PP se defiende la propuesta continua en el tiempo del presidente. «El objetivo de Alberto Fabra es llevar la iniciativa política, marcarle la agenda a la oposición y dejarla en evidencia», aseguró un alto cargo.

Desde la dirección del grupo parlamentario argumentan que a la oposición se le ha ofrecido diálogo por activa y por pasiva, pero siempre se ha negado a hablar. «Hemos querido hablar desde el Gobierno, desde el partido y desde el grupo parlamentario y la respuesta que siempre hemos obtenido ha sido la misma», indicaron desde el entorno del portavoz del PP en la Cámara autonómica, Jorge Bellver. Recordaron que tanto Serafín Castellano, cuando era secretario general del PPCV, como Isabel Bonig, actual coordinadora regional del partido, no han podido dialogar con la oposición, «incluso una diputada de EU llegó a romper en la tribuna la carta que le envió Bonig».

Las mismas fuentes indicaron que la reforma estatutaria no es una cortina de humo, como denuncia la oposición. «Pedimos que los diputados hagan un plus de esfuerzo y no por poner en marcha la comisión de estudio de la reforma del Estatut tienen que dejar de funcionar las 18 comisiones restantes. Sólo hemos pedido hablar, pero a la oposición, que se le llena la boca con la palabra diálogo, se ha negado», señalaron.

Los populares pusieron en marcha la citada comisión el pasado 21 de julio y la oposición los dejó solos la primera vez que se convocó.

Y ante esta reiterada negativa de diálogo puesta en práctica al unísono por PSPV, Compromís y EU, los populares valencianos lo tienen claro. «Lo dijo el vicepresidente Císcar el pasado jueves. La oposición tendrá que justificar ante los valencianos su negativa a hablar. Se tendrán que retratar ante los valencianos, tendrán que explicar a los ciudadanos por qué no quieren reducir el número de diputados, o eliminar el aforamiento, o elegir directamente a los diputados o que no se respalde la transparencia».