El PSOE pretende recuperar el fracasado plan de desalinizadoras de Zapatero

El hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha empezado a demostrar en sus declaraciones que no es un superhombre. El líder de los socialistas españoles ha asegurado que quiere rescatar el Plan Hidrológico Nacional que modificó José Luis Rodríguez Zapatero durante su primer mandato, el que derogó el trasvase del Ebro y en su lugar se dedicó a construir plantas de desalinización (el programa Agua) en toda la costa mediterránea. Una iniciativa que desembocó en fracaso, por la alta inversión que supuso y el mínimo rendimiento que han ofrecido a la sociedad valenciana.

El líder socialista se comprometió en Murcia a «desarrollar un verdadero Plan Hidrológico Nacional (PHN) en España, que el PP ha abandonado».

Sánchez participó en una asamblea abierta en la capital murciana donde se sometió a las preguntas de algunos asistentes. Uno de ellos tomó la palabra para decirle a Sánchez que se había comprometido a «mojarse» y le recordó que para eso «hace falta agua». El juego de palabras lo culminó preguntándole qué piensa hacer para «traer agua», en este caso a Murcia. «Porque agua se puede traer de muchos sitios, pero no nos mandes a Cartagena que allí está muy salada», remarcó con ironía y, sobre todo, mostrando su oposición a las plantas de desalinización.

Ante esta intervención, Sánchez afirmó que ha habido «mucha politización por parte del PP en el asunto del agua». De ahí que asegurase que hay que «modernizar los regadíos y apostar también por las desalinizadoras que tanto criticó el Gobierno del PP».

Además, Pedro Sánchez afirmó que él cree que las plantas de desalinización «son el futuro».

El secretario general de los socialistas españoles propuso públicamente «desarrollar un verdadero Plan Hidrológico en España, que el PP ha abandonado».

Las palabras de Pedro Sánchez dejan bien a las claras que piensa seguir la misma línea en materia hídrica que Rodríguez Zapatero y su primera ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Esa política del Ejecutivo socialista, que estuvo apoyado en medidas de este tipo por parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya y por CiU, por ejemplo, contó con un masivo rechazo social a lo largo de toda la Comunitat.

Los agricultores alicantinos especialmente reclamaban la construcción del trasvase del Ebro porque consideraban que el agua procedente de las plantas de desalinización era excesivamente cara como para poder dedicarla al regadío.

De hecho, las actuaciones que construyó o empezó a erigir el Gobierno de Rodríguez Zapatero hoy en día o se encuentran en desuso o se encuentran infrautilizadas.

El Ejecutivo de Zapatero gastó en la Comunitat 540 millones de euros en la construcción de estas infraestructuras ubicadas en la zona de la costa. El motivo de que no se utilicen esencialmente es que hasta ahora había la suficiente agua de superficie como para no tener que usarlas y porque, además, desde que se empezaron a construir hasta ahora el precio del combustible, ya sea el petróleo ya sea la electricidad, se ha encarecido notablemente. Ese encarecimiento de la energía hace inviable que el agua de estas plantas no sirve para el campo porque el metro cúbico sale demasiado caro y los cultivos, si ya son poco rentables, lo serían aún menos.

Se trata de las desalinizadoras de Torrevieja, que costó alrededor de 300 millones de euros; la de Mutxamel, otros 90 millones; la de Sagunto, 37,3 millones; la de Cabanes-Oropesa, 55,4 millones; y de la Moncofa, 49,1 millones. A ello hay que sumar los 16 millones de la planta de desnitrificación de aguas de l'Eliana y los 330 millones de euros que costó el controvertido trasvase Júcar-Vinalopó, prácticamente inutilizado por las diferencias existentes entre los usuarios de la cuenca cedente y la receptora.

Plantas sin uso

El hecho de que las desalinizadoras estén prácticamente sin usar ha motivado que el eurodiputado de Compromís y exalcalde de Burjassot, Jordi Sebastiá, se haya dirigido a la Comisión Europea para pedirle información sobre la situación en la que se encuentran los plantas de Oropesa-Cabanes y la de Moncofa.

Sebastiá quiere que la Comisión Europea la aclare «las posibles consecuencias que tendría no poner en marcha en el año 2014» estas dos plantas de extracción hídrica. En este sentido destacó que estas instalaciones tienen ayudas procedentes de fondos europeos por más de 35 millones de euros entre ambas.

El eurodiputado advirtió de que esa cantidad se vería comprometida en caso de que no entraran en funcionamiento este mismo año las citadas plantas desalinizadoras.

«La situación en la que se encuentran las localidades afectadas por este plazo es de incertidumbre, puesto que los municipios no conocen si tendrán que asumir algún gasto por el funcionamiento de las plantas», aseguró el eurodiputado.

Sebastiá aseguró que «hacen falta medidas concretas que no perjudiquen a los vecinos de los pueblos afectados». El eurodiputado teme que si se les retira la subvención europea sean los ciudadanos los que tengan que asumir ese gasto.

«Sospechamos que al no tener ninguna utilidad en la actualidad, las plantas desalinizadoras caigan en el olvido puesto que su funcionamiento implica empezar a pagar. Esta medida igual tendría que ser asumida por los ciudadanos al perder las ayudas de los fondos europeos» incidió Sebastià.

El eurodiputado pidió «responsabilidades políticas por esta gestión» porque considera que « es necesario que cada cual asuma las consecuencias que tiene la realización de infraestructuras que, hoy por hoy, se demuestran completamente inviables».